El frente Defendamos Tierra del Fuego impulsa una reforma al Decreto 725/2021 para que la administración del FAMP, que supera los 250 millones de dólares, incluya a representantes de Nación, Provincia y municipios, garantizando transparencia y participación local en las decisiones productivas.
TIERRA DEL FUEGO13/10/2025
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Desde el frente Defendamos Tierra del Fuego buscan que los fueguinos decidan sobre los recursos en el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). Esta herramienta de desarrollo es creada con recursos que provienen de las industrias radicadas en la provincia, destinada a impulsar el empleo.
La iniciativa impulsada por el Dr. Guillermo Löffler propone modificar el artículo 6 del Decreto Nacional 725/2021 y crear un órgano decisorio con representantes de Nación, pero también de Provincia y los municipios. De este modo, las decisiones sobre el uso de los fondos —hoy calculados en más de 250 millones de dólares— responderán a las prioridades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.
“No hay ampliación de la matriz productiva sin ampliación de la participación de los fueguinos. Esta reforma busca democratizar el FAMP e incorporar la voz de cada municipio en la planificación y ejecución de proyectos productivos para Tierra del Fuego”, señaló Guillermo Löffler. Además, lamentó que tanto el gobierno nacional y provincial no agilizan proyectos para impulsar la generación de trabajo en el sector privado.
El proyecto plantea además criterios claros de asignación, supervisión de los proyectos financiados y publicación semestral de informes para garantizar la transparencia.
Desde su creación, el FAMP fue pensado para diversificar la economía fueguina, impulsar la industria tecnológica, la producción sustentable y la soberanía energética, pero su gestión aún depende de decisiones tomadas desde un escritorio en Buenos Aires.
El proyecto busca extender hasta diciembre de 2026 la suspensión de ejecuciones hipotecarias en Tierra del Fuego, con el fin de preservar el derecho a la vivienda, evitar desalojos masivos y garantizar la estabilidad social en un contexto económico incierto.
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