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El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero en simultáneo comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes de financiamiento para cubrir sus erogaciones. Así lo establece el Decreto 681/2025, que se ampara en el artículo 5° de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, ambos referidos a la obligatoriedad de asignar recursos para toda norma con impacto fiscal.
El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre, y que será en ese marco donde se definan los recursos necesarios para poner en marcha la ley.
La iniciativa había sido vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con los dos tercios requeridos en Diputados (20 de agosto) y en el Senado (4 de septiembre), por lo que el 8 de septiembre fue girada al Ejecutivo para su promulgación.
Qué prevé la ley
La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Entre sus disposiciones principales, crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización previsional, compatibilidad con empleo hasta dos salarios mínimos y suspensión automática si se supera ese tope. Además, garantiza la cobertura de salud mediante el Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.
También declara de interés público los servicios de los prestadores de discapacidad, fija una compensación de emergencia por la brecha entre aranceles e inflación, establece aranceles únicos con movilidad mensual, amplía a tres años la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad y fortalece las competencias de la ANDIS.
El costo fiscal estimado
De acuerdo con cifras oficiales, la implementación de la ley demandaría en 2025 $3,019 billones (0,35% del PBI). De ese total, $2,1 billones corresponden a pensiones no contributivas, $574 mil millones al Programa Incluir Salud y $278 mil millones a la compensación de prestadores. Para 2026, el gasto se duplicaría y alcanzaría los $6,2 billones (0,59% del PBI).
El Ejecutivo admitió que el crédito disponible sin afectar otras partidas sociales es de $2,3 billones, cifra insuficiente para cubrir la totalidad de la norma.
Qué queda en suspenso
Hasta que se asignen los fondos, no se ejecutarán:
De esta manera, la ley queda promulgada pero en estado de espera, sujeta a la discusión parlamentaria del próximo Presupuesto nacional.
