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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por el delito de abuso de autoridad, por haber solicitado allanar a periodistas y medios de comunicación “con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.
La denuncia contra Bullrich fue realizada este martes por el abogado Gregorio Dalbón, tras la presentación que hizo ayer la ministra en nombre del Gobierno por el supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En esa denuncia por violación a la ley de inteligencia nacional, el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich solicitó “medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, según advirtió Dalbón.
Bullrich solicitó ayer el allanamiento de los estudios de Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros.
Adicionalmente, Bullrich solicitó una medida cautelar inédita: “prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o cualquier otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada, bajo apercibimiento legal” (sic).
Ello, sostuvo Dalbón, “constituye de manera palmaria un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”. El abogado pidió que la ministra de Seguridad sea citada a prestar declaración indagatoria.
“La denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva”, dice la denuncia.
“El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”, advierte el denunciante.
El letrado encuadró el delito que habría cometido Bullrich en “abuso de autoridad”. Se trata de “un ejemplo paradigmático de esa extralimitación funcional. El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.
