El juez Alejandro Maraniello enfrenta múltiples denuncias mientras ordena frenar audios de Karina Milei

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La notificación de los cargos ocurrió la semana pasada y Maraniello cuenta con veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina.

Las acusaciones contra el magistrado incluyen abuso de poder, uso indebido de recursos públicos, acoso laboral y sexual, y maltrato a empleados. Según denuncias, varias víctimas fueron abordadas poco después de ingresar a trabajar, y en algunos casos relataron tocamientos no consentidos, mensajes inapropiados y presiones para sostener relaciones sexuales. La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres intervino en los testimonios, aunque algunas denunciantes no buscaban instar acciones penales, y los expedientes pasaron a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli.

La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) había solicitado desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del juzgado para garantizar la seguridad de los trabajadores, medida que se implementó durante el horario laboral.

El escándalo de los audios de Karina Milei se cruza con la situación de Maraniello. El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, denunció la difusión de las grabaciones ilegales como una “operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini, mientras que Maraniello dictó la medida cautelar para frenar la difusión de los audios, buscando proteger intereses estatales sensibles.

Además, el Gobierno solicitó el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, responsable de la publicación, y apuntó a allegados de la diputada Marcela Pagano. Según fuentes oficiales, la filtración coincide con la etapa clave de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires y previo a los comicios nacionales, lo que fue interpretado como una maniobra de desinformación para influir en el electorado.

El oficialismo advierte que la crisis política generada por la difusión de los audios podría afectar la motivación de la militancia y agravar la incertidumbre económica y la descoordinación interna del Gobierno nacional, mientras se mantiene la tensión judicial y política sobre el juez Maraniello.