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El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal que tuvo como objetivo desestabilizar al país en plena campaña electoral. Según la presentación, se grabaron de manera clandestina conversaciones privadas de Karina Milei y de otros funcionarios dentro de la Casa Rosada, las cuales fueron manipuladas y difundidas con el propósito de condicionar al Poder Ejecutivo.
Adorni remarcó que no se trató de una filtración, sino de un ataque ilegal, planificado y dirigido contra la administración nacional. En este marco, la Justicia resolvió dar lugar a la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo y ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a la Secretaria General de la Presidencia.
En su fallo, el Poder Judicial reconoció que la difusión de este material constituye una grave violación a la privacidad institucional y dejó en claro que no se trata de un caso amparado por la libertad de expresión. La resolución judicial alcanza a cualquier medio de comunicación, red social o plataforma digital que intente replicar los audios grabados en la Casa de Gobierno el pasado 29 de agosto de 2025.
La decisión se suma a la estrategia del Gobierno de blindar a sus principales figuras y denunciar públicamente lo que considera un intento de injerencia en el proceso democrático mediante maniobras ilegales.
