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El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur volvió a sesionar para tratar la situación del camarista Andrés Leonelli, denunciado en una causa penal por tenencia de material de violencia sexual contra infancias. Pese a la gravedad del caso y la expectativa generada, el cuerpo aún no toma definiciones sustanciales y se decidió únicamente solicitar copias certificadas del expediente judicial.
Durante el encuentro, se analizó la respuesta formal del Juzgado de Instrucción N.º 2, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, sobre el estado de la causa que involucra al camarista. Por mayoría, el Consejo resolvió requerir copias certificadas del expediente completo, tanto al juzgado como a los fiscales intervinientes.
No obstante, el consejero Dr. Virgilio Martínez de Sucre votó en disidencia, argumentando que el Consejo debería esperar el resultado del proceso penal antes de avanzar con alguna intervención disciplinaria.
La falta de avances mantiene en vilo a distintos sectores del ámbito judicial y de la sociedad fueguina. A pesar del tiempo transcurrido desde la denuncia, no hay una resolución definitiva sobre la continuidad del juez Leonelli en su cargo, lo que genera incertidumbre institucional y reclamos por parte de sectores que exigen celeridad y transparencia.
La reunión fue presidida por la jueza Miriam Edith Cristino y contó con la participación del Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, el Ministro Jefe de Gabinete Agustín Tita, los legisladores Victoria Vuoto y Federico Greve, y los representantes de los Colegios de Abogados Verónica Muchnick y Santiago D’Angelo.
El Consejo deberá analizar la documentación que reciba antes de tomar una decisión definitiva. La próxima reunión está prevista para el 10 de septiembre, fecha en la que podrían darse nuevas definiciones.
