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El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tierra del Fuego actualizó esta semana el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), que alcanzó un total de 104 personas inscriptas. La herramienta, vigente por Ley Provincial 531, busca visibilizar los casos de incumplimiento en el pago de cuotas alimentarias y establece sanciones para quienes figuran en la lista.
La última actualización del REDAM, con fecha 13 de agosto de 2025, incorporó a seis nuevos deudores alimentarios que incumplieron con el pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. Se trata de Richard Quispe, Máximo Medina Rojas, Miguel Alejandro Segurado, Ramón Alejandro González, Héctor Ricardo D’Amico y Emanuel Ezequiel Godoy, cuyas fechas de inclusión van desde mayo hasta agosto de este año.
Desde el año 2020, cuando el listado incluía 67 personas, el número total ha aumentado un 70%, registrándose 47 nuevos casos en los últimos cinco años. El pico de crecimiento se dio en 2024, con 15 incorporaciones en un solo año, entre ellas las de Martín Esteban Dub Duval, Diego Alberto Mancini Loiacono, Arturo Carvajal Espinoza y Nicolás Ezequiel Draps.
El REDAM no solo se publica de forma periódica, sino que también contempla altas y bajas, en función de si el deudor regulariza su situación. En lo que va de 2025, los movimientos han sido menores en comparación con el padrón difundido en junio.
La Ley Provincial 531 establece que deben ser incluidos en el REDAM aquellos que adeuden total o parcialmente la cuota alimentaria, ya sea provisoria o definitiva, siempre que esté fijada u homologada por sentencia firme.
Además de la exposición pública, la ley impone sanciones e inhabilitaciones para quienes integran el registro:
De este modo, el REDAM se consolida como una herramienta de presión legal y social, que busca garantizar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de niñas, niños y adolescentes.
Desde el gobierno provincial remarcaron que el objetivo del registro no es la estigmatización, sino generar conciencia sobre la obligación ineludible de sostener económicamente a los hijos e hijas. La visibilización pública apunta a que los adultos responsables asuman sus deberes alimentarios como una prioridad.
