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Hoy en la delegación legislativa de Río Grande, las Comisiones de Recursos Naturales y Legislación General retoman el debate en torno al futuro marco legal de la acuicultura en la provincia. En el centro del debate están tres proyectos que apuntan a modificar la actual normativa sobre el cultivo y producción de salmónidos.
Luego del receso invernal, la Legislatura fueguina vuelve a poner en agenda el debate por la salmonicultura. Este jueves, las Comisiones de Recursos Naturales y de Legislación General se reunirán en la sede legislativa de Río Grande para dar continuidad al tratamiento de tres proyectos que buscan modificar la actual ley sobre acuicultura, con especial foco en el desarrollo de la salmonicultura en aguas provinciales.
Uno de los textos en análisis corresponde al Ejecutivo provincial, que en julio pasado presentó una propuesta de marco regulatorio que contempla el desarrollo sustentable de la acuicultura como actividad agropecuaria integral, tanto en aguas continentales como marítimas bajo jurisdicción de Tierra del Fuego.
La ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, fue invitada a participar del encuentro para exponer detalles técnicos y objetivos del proyecto oficial, que busca ampliar el espectro normativo y fijar parámetros para la actividad acuícola sin centrarse exclusivamente en los salmónidos.
A su vez, se reactivará la discusión sobre dos iniciativas del bloque La Libertad Avanza, que plantean modificaciones a la ley vigente. Uno de esos proyectos propone habilitar la salmonicultura fuera del Canal Beagle, lo cual generó preocupación en sectores ambientalistas y científicos que en su momento impulsaron la ley que prohíbe esta práctica en esa zona.
El segundo proyecto de La Libertad Avanza busca eliminar el límite actual de 50 toneladas de producción, una medida que, según los impulsores, restringe el desarrollo económico del sector.
El debate promete ser amplio y volverá a enfrentar posiciones divergentes entre quienes ven en la acuicultura una oportunidad productiva y aquellos que alertan sobre su impacto ambiental. La jornada en Río Grande podría marcar el inicio de una nueva etapa en el tratamiento legislativo de una de las temáticas más sensibles de los últimos años en la provincia.
