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En un procedimiento conjunto que sorprendió por su despliegue, la Policía Federal y la Administración de Recursos Aduaneros (ARCA) realizaron operativos en dos grow shops de la ciudad de Río Grande. Aunque el temor inicial fue una posible persecución penal, la acción terminó siendo una intervención administrativa por irregularidades aduaneras.
Durante el operativo, llevado adelante por efectivos de la Policía Federal con la colaboración de agentes de ARCA (ex AFIP), se incautaron siete vaporizadores herbales cuya importación no cumplía con las normativas del Código Aduanero argentino. Los locales intervenidos eran comercios dedicados a la venta de insumos para el cultivo de cannabis, lo que inicialmente generó preocupación por una eventual criminalización de la actividad.
Sin embargo, las autoridades aclararon que no se trató de una causa penal sino de una infracción de tipo administrativa, relacionada con los dispositivos electrónicos decomisados. La magnitud del procedimiento, con presencia de fuerzas federales y allanamientos simultáneos, sorprendió a comerciantes y vecinos, quienes consideraron excesivo el uso de recursos para este tipo de acciones.
Mientras tanto, persiste el debate sobre las prioridades de las fuerzas de seguridad en Tierra del Fuego. La comunidad cuestiona que se destinen esfuerzos significativos a este tipo de operativos, en lugar de enfocar la lucha en el narcotráfico o delitos de mayor impacto social. La intervención reaviva así el debate sobre el rol del Estado frente a una actividad comercial que, si bien es legal en muchos aspectos, sigue enfrentando vacíos normativos y burocráticos.
