Tierra del Fuego, entre las provincias con mayor carga impositiva al sector bancario

Un informe reciente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), presentado al Banco Central, expuso las diferencias en la presión tributaria que enfrentan las entidades financieras en las provincias del país. Tierra del Fuego se ubicó en el puesto 11 del ranking, con una alícuota del 9% en el Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) aplicado al sector bancario.

El relevamiento incluyó a las 24 jurisdicciones y evidenció marcadas diferencias en los porcentajes aplicados. La Pampa lidera el ranking con un 9,10%, mientras que Santiago del Estero presenta la menor carga, con un 3%, al mantener una base de cálculo distinta. Tierra del Fuego comparte el mismo porcentaje (9%) con otras diez provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Santa Fe.

El informe también resaltó el cambio que se dio a partir de 2004, cuando algunas provincias abandonaron el criterio de calcular el impuesto sobre el “spread” (la diferencia entre intereses cobrados y pagados) y comenzaron a tomar como base el total del haber de las cuentas de resultado sin deducciones. Según ADEBA, “al día de hoy solo San Luis y Santiago del Estero continúan utilizando el spread como base de cálculo, lo cual las posiciona con una menor carga fiscal efectiva sobre la actividad bancaria”.

Otra de las advertencias del estudio fue el impacto que genera la inclusión de títulos públicos y créditos hipotecarios en la base imponible, lo cual incrementa el costo del financiamiento. En el caso de Tierra del Fuego, se aplican impuestos a los créditos hipotecarios, lo que, según ADEBA, “incide negativamente sobre los préstamos destinados a la compra de vivienda, al elevar el costo del financiamiento y reducir su accesibilidad”.

Desde la cámara empresarial advirtieron además que “la heterogeneidad tributaria en el país no solo genera inequidades entre entidades financieras, sino que también tiene efectos económicos concretos sobre los ciudadanos”. Según explicaron, esta carga fiscal termina trasladándose a las tasas de interés, encareciendo el acceso al crédito y afectando especialmente a sectores medios que buscan financiar la compra de una vivienda.