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Buscar una vivienda en alquiler en Río Grande se ha vuelto una verdadera odisea para muchas familias. A la creciente escasez de propiedades disponibles se le suman exigencias que excluyen directamente a una gran parte de la población: la mayoría de los dueños no aceptan ni mascotas ni niños. En paralelo, los valores se disparan por encima de los ingresos promedio.
Los grupos familiares, especialmente aquellos con hijos pequeños, se enfrentan a constantes negativas al momento de aplicar para una vivienda. Lo mismo ocurre con quienes tienen mascotas, que ven cerradas casi todas las puertas del mercado inmobiliario local.
“Te piden recibo, garante, y cuando cumplís con todo, te dicen que no aceptan chicos. Es desesperante”, comenta una vecina que lleva meses buscando un lugar donde mudarse con sus hijos. Testimonios como este se repiten en redes sociales, donde los posteos sobre alquileres se llenan de comentarios de personas que buscan, preguntan y muchas veces terminan sin respuestas.
La falta de regulaciones claras y actualizadas en el mercado de alquileres deja a inquilinos e inquilinas desprotegidos. Aunque se trata de una ciudad con salarios en su mayoría ligados a la actividad industrial y estatal, los precios no bajan de los $300.000 mensuales para unidades de uno o dos ambientes, y en muchos casos ni siquiera incluyen servicios.
Además, el pago por adelantado, los altos depósitos de garantía y las renovaciones con aumentos desmedidos son moneda corriente. Esta situación empuja a muchas personas a aceptar contratos informales o en condiciones precarias con tal de tener un techo.
Mientras tanto, la demanda sigue creciendo, y con ella también la urgencia de contar con políticas habitacionales activas que regulen los alquileres, promuevan opciones accesibles y garanticen el derecho a la vivienda sin discriminación.
