El 96% de los agresores por violencia laboral en las fuerzas armadas ocupa cargos superiores a las víctimas

Un informe elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencias contra las Mujeres (UFEM) sobre la violencia sexual al interior de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas contra mujeres integrantes de dichas instituciones, revela que el 96% por ciento de los agresores ocupaba cargos jerárquicos y/o superiores al de las víctimas; que en promedio eran 16 años mayores que las damnificadas; y que el 88% de las denunciantes tuvieron consecuencias laborales después del hecho, como licencias temporales, reubicaciones y hasta despidos.

El relevamiento de la unidad especializada se hizo en base a investigaciones tramitadas entre 2011 y 2023 en fiscalías federales. La unidad especializada intervino en 52% de los casos, principalmente durante la etapa de instrucción, pero también se realizaron requerimientos de elevación a juicio y otras colaboraciones.

La sistematización de información criminal permite caracterizar las modalidades específicas del despliegue de la violencia de género en todas sus expresiones y, en el caso específico de este informe, la violencia sexual dentro de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de las Fuerzas Federales de Seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) contra mujeres pertenecientes a dichas instituciones.

El informe, titulado Análisis de casos de violencia sexual en el contexto laboral de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas, se realizó a partir de una muestra de 23 causas judiciales iniciadas entre 2011 y 2023 en 14 jurisdicciones federales del país.

El reporte identifica 24 víctimas, todas mujeres cis género cuya edad promedio era de 27 años, y 26 agresores que tenían, también en promedio, 43 años, es decir, 16 más que las damnificadas.

Este dato refuerza la conclusión de que a las asimetrías de poder jerárquico y de género, se suma la etaria. En el 70% de los casos, los agresores eran entre 10 y más de 30 años mayores que las víctimas.

En relación a las instituciones donde ocurrieron los hechos denunciados, el 54% de las víctimas pertenecía a las Fuerzas Armadas (25% Armada, 25% Ejército y 4% Fuerza Aérea), mientras que el 46% restante se distribuye entre las Fuerzas Federales (21% Policía Federal, 13% Prefectura Naval, 8% Gendarmería y 4% Policía de Seguridad Aeroportuaria).

También se conoció que el 52% de las damnificadas denunció los hechos entre 1 y 8 años después de su ocurrencia.

Asimismo, el 88% de las mujeres enfrentó consecuencias laborales tras efectuar la denuncia. El 62% tuvo licencia temporal, el 48% fue reubicada en otra área o sede y un 19% fue despedida, desvinculada o retirada obligatoriamente (las categorías no son mutuamente excluyentes, una misma persona pudo haber sufrido distintas modificaciones posteriores al hecho).

En cuanto a los denunciados, el 85% de los denunciados enfrentó algún tipo de consecuencia laboral tras los hechos de violencia. Sin embargo, solo el 41% tuvo alguna sanción. Entre ellas, se registraron seis arrestos, un pase disponibilidad y una desvinculación.

En los 23 expedientes, se detectaron en proporciones idénticas causas donde se investigan hechos múltiples (12 casos) o una única agresión sexual (11 casos).

El 60% de los hechos múltiples fueron prácticas extendidas y recurrentes (de 1 a 7 años) y la totalidad de los hechos analizados ocurrieron en el ámbito laboral. Los lugares de ocurrencia más frecuentes fueron oficinas, espacios comunes y habitaciones/camarotes laborales.

En relación con el estado procesal de las causas, el 78% se encuentra aún en trámite, mientras que solo el 22% han finalizado.

Entre estas últimas, se registraron tres condenas y dos sobreseimientos. La UFEM intervino en el 52% de los casos, y su actuación contribuyó a que seis de ellos fueran elevados a juicio, de los cuales tres ya cuentan con sentencia.

Por último, las causas analizadas presentan tiempos de tramitación prolongados en relación con la complejidad de las investigaciones. El tiempo promedio hasta la sentencia de primera instancia fue de 5,3 años.