El Gobierno subió los montos que deben ser reportados por los bancos a ARCA. Los depósitos a plazo fijo ahora quedarán fuera de vigilancia si no superan los $100 millones.
PAÍS22/05/2025
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A partir del 1 de junio, los depósitos en plazos fijos dejarán de estar bajo el radar de la Agencia de Recaudación y Control de Activos (ARCA) en una amplia mayoría de los casos. Según lo anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni y confirmado por el titular de ARCA, Juan Pazo, el Gobierno nacional modificó los umbrales de control sobre las colocaciones a plazo, como parte de una serie de medidas económicas que buscan desregular el sistema financiero y fomentar el ahorro formal en el país.
Hasta ahora, los bancos debían informar a ARCA cualquier constitución de plazo fijo que superara el millón de pesos. Con el nuevo esquema, ese límite se eleva de forma drástica: los depósitos deberán superar los $100.000.000 en el caso de personas físicas y los $30.000.000 en el caso de personas jurídicas para que sean notificados al organismo.
Según explicaron desde el Ministerio de Economía, esta medida busca facilitar la operatoria de los pequeños y medianos ahorristas, que muchas veces quedaban alcanzados por los regímenes de información fiscal sin realizar movimientos significativos.
Esta flexibilización forma parte del llamado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros", lanzado por el ministro Luis Caputo, y se complementa con otras disposiciones que elevan los topes de control para extracciones de efectivo, transferencias y saldos bancarios. La intención oficial, según palabras del propio Adorni, es “terminar con la lógica de sospecha permanente sobre los ciudadanos”, permitiendo que puedan decidir libremente el destino de sus fondos sin ser automáticamente objeto de vigilancia estatal.
Cabe destacar que las condiciones de cada plazo fijo seguirán dependiendo de las tasas que ofrezca cada entidad financiera. Por lo tanto, si bien el margen para operar sin control es mucho más amplio, la rentabilidad continuará variando según el banco y el tipo de producto contratado.
Desde el Gobierno sostienen que esta nueva política cambiará el vínculo entre los contribuyentes y el Estado, con menos presión normativa y más libertad financiera.
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