La Policía Federal inició la investigación tras recibir 130.000 denuncias. Este es el segundo caso de corrupción que enfrenta el Ejecutivo en pocas semanas.
MUNDO04/05/2025
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El ministro de Seguridad Social de Brasil, Carlos Lupi, presentó su renuncia este viernes, en medio de un escándalo de corrupción que involucra el desvío de 1.100 millones de dólares de fondos jubilatorios. La trama, descubierta en su despacho, afectó a unos cuatro millones de pensionados.
Aunque Lupi no fue directamente implicado en el fraude, la magnitud del escándalo hizo insostenible su permanencia en el cargo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceptó su dimisión, según informó el gobierno en un comunicado oficial. "Tomo esta decisión con la certeza de que mi nombre no fue citado en ningún momento en las investigaciones en curso", se defendió Lupi en una carta divulgada en su cuenta de X.
El escándalo se desató tras detectarse descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones, realizados por sindicatos y asociaciones con la posible complicidad de funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Se estima que entre 2019 y 2024, sindicatos y asociaciones descontaron ilícitamente hasta 6.300 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares) de las cuentas de los jubilados.
La Policía Federal inició la investigación tras recibir 130.000 denuncias de jubilados afectados, pero las autoridades sospechan que el número de víctimas podría superar los cuatro millones. El gobierno brasileño realizó reuniones para discutir la devolución del dinero a los jubilados, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.
La renuncia de Lupi, miembro del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), aliado del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, representa un golpe para el gobierno. Este es el segundo caso de corrupción que enfrenta el Ejecutivo en pocas semanas, tras la renuncia del ministro de Comunicación, Juscelino Filho, en abril.
El escándalo complica la imagen de Lula da Silva, quien busca su reelección en 2026. La oposición en el Congreso, de mayoría conservadora, exige una investigación profunda sobre las irregularidades en el sistema de seguridad social.
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