La Fiscalía de Tierra del Fuego entre las peores en eficacia

De acuerdo con el nuevo informe publicado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tierra del Fuego se encuentra entre los peores en el ranking que mide la eficacia político-criminal de los MPF a nivel nacional. Los datos, correspondientes a 2022, fueron obtenidos en el contexto de una microinvestigación del INECIP, que analizó la estructura y funcionamiento de los MPF en todo el país.

El objetivo del trabajo es “fomentar que los MPF planifiquen estratégicamente sus políticas de persecución penal en base a información” y “concientizar a las autoridades de los MPF sobre la necesidad de evaluar el desempeño de sus políticas de persecución penal, como insumo básico para mejorar su impacto sobre la criminalidad y en la tutela judicial de las víctimas”.

La tasa básica de eficacia político-criminal es un indicador que busca responder a la pregunta: “¿en cuántos casos penales que le ingresan, el MPF logra obtener una salida con incidencia político-criminal, aunque sea mínima o potencial?” En otras palabras, se trata de cuántos casos las fiscalías logran el objetivo más básico de eficacia político-criminal.

Como crítica, el informe señala que “la tasa básica de eficacia político-criminal es un indicador elemental, que busca echar luz sobre por dónde empezar a medir el desempeño de un Ministerio Público”. El diagnóstico es claro: los MPF, pese a su relevancia, registran muy pocos datos (generalmente, solo la cantidad de casos ingresados) y, donde se generan datos, rara vez se produce información útil para comprender la realidad institucional o su impacto.

Esto lleva a que “no se tomen decisiones”, dejando todo a la inercia o a decisiones aisladas, o que se basen en intuiciones, en lugar de información rigurosa. Ante esta realidad, se destaca que el primer paso para promover la toma de decisiones basada en datos no debe ser la construcción de sistemas de información complejos, sino que debe ser simple y realizable, enfocándose en los problemas centrales que enfrentan hoy los MPF.

El informe también presentó un “ranking de opacidad”, que incluye a los MPF de Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa y Santiago del Estero. Se señala que “no enviaron ni siquiera los 4 indicadores más elementales (ingresos, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios) que permitirían medir la eficacia básica”, a pesar de contar con un plazo de más de 3 meses y de las reiteradas solicitudes enviadas. Estos datos tampoco están publicados en sus sitios web.

Además, se destaca que “Formosa, Misiones y Tierra del Fuego son 3 de las 5 provincias del país que siguen regidas por los sistemas inquisitivos o 'mixtos', cuya despreocupación por los resultados no es novedosa”. Por su parte, “Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero y Tucumán son provincias con sistemas acusatorios consolidados, cuya falta de datos solo puede responder a un desinterés por la información o a una posible decisión política de ocultarla deliberadamente”. Esta falta de transparencia, tanto activa como pasiva, constituye una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.