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En una reciente decisión judicial, el Juzgado de Familia y Minoridad N° 2 de Río Grande, a cargo de la jueza Marina Montero, ordenó el embargo de la dieta del diputado nacional Jorge 'Koki' Araujo Hernández por incumplir con el pago de la cuota alimentaria que debía a su exesposa, madre de uno de sus hijos. Este incumplimiento llevó a la jueza a emitir un oficio dirigido a la Cámara de Diputados de la Nación, instruyendo la retención del monto correspondiente directamente de su salario.
RÍO GRANDE08/10/2024
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En una reciente decisión judicial, el Juzgado de Familia y Minoridad N° 2 de Río Grande, a cargo de la jueza Marina Montero, ordenó el embargo de la dieta del diputado nacional Jorge 'Koki' Araujo Hernández por incumplir con el pago de la cuota alimentaria que debía a su exesposa, madre de uno de sus hijos. Este incumplimiento llevó a la jueza a emitir un oficio dirigido a la Cámara de Diputados de la Nación, instruyendo la retención del monto correspondiente directamente de su salario.
La abogada Dalila Nora, en diálogo con Radio Fueguina, explicó: "La ley provincial establece un sistema de mediación, que es una etapa prejudicial y obligatoria antes de iniciar un juicio por alimentos. Durante esta mediación, se busca llegar a un acuerdo en beneficio del menor". Nora destacó que esta fase es un paso necesario, aunque aclaró: "No estamos obligados a llegar a un acuerdo, pero sí a iniciar la mediación".
Respecto al proceso judicial, la abogada detalló que generalmente su estudio solicita medidas cautelares para fijar alimentos provisorios. “Primero pedimos un embargo provisorio para conocer los ingresos del demandado y tener una base para negociar. Esto ha sido muy efectivo para evitar largos procesos judiciales”, subrayó.
Además, mencionó que el monto de los alimentos varía según las necesidades del niño, especialmente si presenta alguna discapacidad: "Los provisorios y definitivos siempre serán más elevados para un niño con discapacidad debido al alto costo de las terapias". Asimismo, aclaró que el porcentaje de la cuota no es fijo, ya que “cada caso es particular y los jueces estudian las necesidades del niño”.
En el caso de Araujo, se reportó que, desde su asunción en la Cámara de Diputados, no se le habían realizado los descuentos correspondientes. Ante este tipo de cambios laborales, la abogada explicó que tanto el alimentante como el demandante pueden informar al juez sobre el nuevo lugar de trabajo para que continúen las retenciones.
La letrada destacó la importancia de hacer público el Registro de Deudores Alimentarios para garantizar su efectividad. "El registro debería tomar otro estado, debería ser más público, porque nadie sabe quiénes están dentro", subrayó. La abogada explicó que, aunque el registro existe, su falta de visibilidad limita su impacto en la sociedad y en la capacidad de las víctimas para reclamar los derechos alimentarios de los menores.
También resaltó que obtener una sentencia es clave, ya que permite ejecutarla en caso de incumplimiento del deudor. "La sentencia es como un pagaré o un cheque. Si el alimentante no cumple, lo ejecutas y pasa lo que ha ocurrido en los últimos días", señaló. Si el deudor no trabaja, existen alternativas como embargar a los abuelos o incluso a la pareja del progenitor.
En cuanto a los montos de la cuota alimentaria, mencionó que hoy en día se utiliza el índice de canasta de crianza, que actualmente ronda los 450 mil pesos. Este valor toma en cuenta el costo de vida en cada región, como en Tierra del Fuego, donde el costo es más elevado. "No me importa si trabajás o no, tenés que facilitar el 50% de la canasta de crianza para los hijos", afirmó.
Uno de los desafíos más comunes es el de los trabajadores no registrados. Nora explicó que el índice de canasta de crianza se aplica también en estos casos para fijar un monto alimentario. "Si él no paga, vamos por los abuelos o los tíos", añadió. Incluso, el progenitor afín, como un padrastro o madrastra, puede ser responsable de cubrir las necesidades alimentarias.
En relación con las sanciones, mencionó que en algunas provincias se han implementado medidas como restringir el acceso a locales bailables o incluso la posibilidad de adquirir tierras para aquellos que no cumplen con sus obligaciones alimentarias. "Sería interesante aplicar algo similar en Tierra del Fuego", sugirió.
En cuanto al acceso a cargos públicos, la abogada aclaró que aquellos deudores inscritos en el registro no pueden ocupar estos puestos hasta ponerse al día con los pagos. Recordó el caso del diputado Gastón Roma, quien debió regularizar su situación para continuar con su carrera política.
Finalmente, Dalila subrayó la importancia de actualizar las cuotas alimentarias, especialmente en un contexto inflacionario. Indicó que los gastos aumentan a medida que los hijos crecen, por lo que las cuotas deben ajustarse no solo por el incremento salarial del alimentante, sino también por los nuevos gastos relacionados con la edad de los menores.
"El proceso de alimentos está dividido en etapas, y muchas veces las personas abandonan la lucha porque no cumplen, pero es fundamental continuar el reclamo para garantizar los derechos de los niños", concluyó la abogada.

Familiares, vecinos y ex integrantes de la ex Policía Territorial volvieron a concentrarse en Río Grande para exigir el pago de sueldos y SAC adeudados.

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