
El Senado aprobó por unanimidad una nueva ley de discapacidad: cuáles son los beneficios que garantiza
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El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre por unanimidad una nueva ley de discapacidad, con el voto favorable de los 71 legisladores presentes. La iniciativa establece un régimen permanente de protección y financiamiento, con el objetivo de garantizar la continuidad de beneficios que estaban contemplados en la legislación de emergencia.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reproduce gran parte de las disposiciones de la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio para establecer un marco normativo de aplicación permanente.
La aprobación se produjo después de las controversias generadas durante el año pasado por el veto del Gobierno nacional a la legislación de emergencia en discapacidad y los reclamos de organizaciones, familias y prestadores del sector.
Uno de los principales puntos de la nueva normativa es que permite compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La pensión equivale al 70% de la jubilación mínima y el beneficio alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), de acuerdo con las condiciones previstas en la iniciativa.
Además, la ley mantiene el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de la inflación.
También garantiza la cobertura básica de salud mediante el programa federal Incluir Salud para los beneficiarios de pensiones por discapacidad.
En materia presupuestaria, la normativa dispone que los recursos asignados al área de discapacidad dentro del Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
Otro de los aspectos incorporados es la implementación de auditorías periódicas, mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con el objetivo de fortalecer los controles y garantizar el debido proceso.
Finalmente, el texto establece un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores de servicios y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Con esta aprobación, el Congreso avanzó en la creación de un régimen permanente para el sistema de discapacidad, destinado a brindar mayor previsibilidad a las personas beneficiarias, sus familias y las instituciones prestadoras.


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