
Grúas, cargas pesadas, conexiones eléctricas y falta de personal calificado: las denuncias que no pudo inspeccionar Trabajo
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En comunicación con FM Radio del Pueblo, el secretario de Trabajo de Tierra del Fuego, Edgar Ceballos, se refirió al impedimento de una inspección provincial en el puerto de Ushuaia. Explicó que el operativo había sido dispuesto a partir de denuncias por presuntas irregularidades en materia de seguridad e higiene laboral, detalló los riesgos señalados y sostuvo que el Ministerio tiene facultades para realizar controles sin previo aviso. Además, anticipó que iniciarán actuaciones administrativas y presentaciones judiciales.
Ceballos explicó que la Secretaría de Trabajo decidió realizar una inspección luego de recibir denuncias vinculadas con las condiciones de seguridad en distintas empresas que operan dentro del puerto de Ushuaia. Sin embargo, señaló que las autoridades de la intervención les negaron el acceso.
"En el día de ayer, a raíz de denuncias que recibimos en el Ministerio de Trabajo, se planteó la urgencia de realizar una inspección sobre empresas que están operando en el puerto y las autoridades de la ANPyN nos negaron el ingreso planteando cuestiones de jurisdicción y que se dirimirán en otro estrado. Al impedirnos el ingreso, no se pudo llevar a cabo la inspección y la constatación de las denuncias, así que administrativamente hicimos las actas correspondientes, también solicitamos la intervención del escribano del Gobierno, para dejar constancia fehaciente de la prevención del ingreso", relató.
El funcionario precisó que las denuncias estaban relacionadas con tareas consideradas riesgosas y que la inspección debía realizarse a través del área de Seguridad e Higiene: "En realidad estaban las denuncias que recibimos dirigidas específicamente a tareas riesgosas que se realizan en el puerto por operadores que son contratados por el puerto, bueno, pero en realidad los riesgos que estaban denunciando eran riesgos graves, y teníamos que realizar la intervención a través del área de Seguridad e Higiene para constatar esa actividad", indicó.
Entre las situaciones señaladas mencionó la manipulación de cargas, el uso de equipos pesados y los riesgos eléctricos: "En realidad era mucho más amplio, la manipulación de cargas y las cargas del puerto no son cargas sin sentido. Manipulación de equipos, de maniobra y transporte, que son equipos pesados, grandes, que requieren de personal idóneo para manejar esos equipos. Y, por otro lado, también cuestiones de riesgos eléctricos, que eran bastante delicados y complejos en su manipulación también", detalló.
El secretario de Trabajo remarcó que las tareas portuarias requieren personal capacitado, calificado y certificado, además de elementos de protección adecuados para operar con maquinaria pesada y en instalaciones eléctricas: "No solamente personal capacitado, sino calificado y certificado para que manipule ciertas situaciones. La cuestión de todo lo que es los riesgos eléctricos, no solamente tiene que ser personal altamente calificado, sino prever que tenga todos los elementos de protección necesarios para operar en esas situaciones. La maquinaria pesada sabemos que también tiene que tener una calificación y una certificación para tener la idoneidad de manejo de esa maquinaria, de grúas y todo ese tipo de situaciones que se presentan", sostuvo.
En cuanto a las facultades del organismo provincial, Ceballos mencionó la Ley 25.212, correspondiente al Pacto Federal del Trabajo, al que adhirió Tierra del Fuego. Según explicó, esa normativa habilita al Ministerio a realizar inspecciones y requerir documentación a las empresas que desarrollan actividades en la provincia: "La Provincia tiene las facultades de inspección delegadas a través de la Ley 25.212, que es el Pacto Federal del Trabajo al cual la provincia adhirió. Se pueden plantear cuestiones jurisdiccionales, pero al ser empresas que están operando dentro del puerto, el Ministerio de Trabajo tiene todas las facultades para realizar las inspecciones", afirmó.
Además, señaló que los controles pueden realizarse sin aviso previo y que la urgencia de las denuncias requería una intervención inmediata: "Inclusive también puede haber cuestiones constitucionales de delegación de funciones o aspectos jurisdiccionales de las provincias, pero prevalece también el hecho de que ante una denuncia del tenor que recibimos, la acción del Ministerio tiene que ser inmediata. No podemos estar esperando a ver si nos autorizan o no nos autorizan", manifestó.
Ceballos también indicó que las empresas señaladas en las denuncias no tendrían su habilitación en la jurisdicción provincial y sostuvo que deberán regularizar su situación ante el Ministerio de Trabajo, además de cumplir con la legislación laboral y las normas de seguridad.
"Se llevarán a cabo las acciones necesarias para que estas empresas regularicen toda su situación ante el Ministerio de Trabajo, no solamente incluirse como empleadores en la provincia, sino también en cumplir toda la legislación. La legislación laboral es muy amplia y principalmente velamos como Ministerio de Trabajo para que se cumpla el resguardo de todos los trabajadores", expresó.
En ese sentido, remarcó que las condiciones laborales y de seguridad deben garantizarse para todos los trabajadores, independientemente de la empresa para la que presten servicios: "Aquí no hay trabajadores ni de primera ni de segunda categoría. Todos los trabajadores tienen que tener su situación regularizada, no solamente en el ámbito del área laboral, sino también en la parte de seguridad. Después, lo lamentable de esto es las consecuencias", señaló.
Finalmente, el funcionario confirmó que el Ministerio continuará con las actuaciones correspondientes y que el área jurídica trabaja en la documentación para determinar dónde se presentará el reclamo judicial: "En realidad el Ministerio de Trabajo, ante la situación planteada en las denuncias, tomamos una intervención urgente, pero ante esta situación del impedimento de las autoridades de la intervención del ingreso a constatar las situaciones denunciadas, obviamente seguiremos con las actuaciones administrativas como corresponde, citando a las empresas y, por otro lado, la vía judicial para que determine la competencia del Ministerio en este tipo de situaciones", concluyó


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