
Crisis laboral: Tierra del Fuego registró 45 conflictos y ocupa el sexto lugar a nivel nacional
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Tierra del Fuego se encuentra entre las jurisdicciones con mayor cantidad de conflictos laborales registrados durante el gobierno de Javier Milei. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la provincia contabilizó 45 casos sobre un total de 953 relevados en todo el país, en un escenario marcado por despidos, suspensiones, retiros voluntarios y dificultades en distintos sectores productivos, especialmente en la industria.
El relevamiento, publicado el 12 de noviembre, comprende el período que va desde enero de 2024 hasta el 5 de noviembre de 2026 y ubica a la provincia en el sexto lugar a nivel nacional, pese a su menor dimensión poblacional y económica en comparación con otros distritos.
De acuerdo con los datos difundidos, Tierra del Fuego concentra el 4,7% de los conflictos laborales identificados. Por encima se encuentran Buenos Aires, con 266 casos; Santa Fe, con 99; Córdoba, con 66; La Rioja, con 65; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 54. Detrás de la provincia aparecen Entre Ríos, San Juan y Tucumán, entre otras jurisdicciones.
La ubicación fueguina adquiere especial relevancia por el peso que tiene la actividad manufacturera en su estructura económica. En Río Grande, distintos sectores industriales vienen atravesando dificultades que se traducen en reducción de personal, retiros voluntarios e incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo.
Entre los casos recientes se encuentra BGH, donde se conoció un proceso de reducción de personal mediante retiros voluntarios, además de los conflictos vinculados con Mirgor y los despidos denunciados en el sector autopartista. También se suma la situación de Aires del Sur, que atravesó una crisis laboral antes de avanzar en un proceso de reincorporación de trabajadores bajo un nuevo esquema productivo, junto con las dificultades que enfrenta la industria textil.
Si bien el informe del CEPA no individualiza los 45 conflictos correspondientes a Tierra del Fuego, estos antecedentes permiten observar las tensiones que atraviesa el empleo privado provincial, particularmente en las actividades vinculadas con la producción industrial.
A nivel nacional, uno de los datos más relevantes del estudio es que la industria concentra el 65,3% de los conflictos laborales registrados, lo que equivale a casi dos de cada tres casos. Entre las actividades más afectadas aparecen las industrias textil, alimenticia, metalúrgica y siderúrgica.
El informe relaciona esta situación con factores como la caída del consumo, la apertura de importaciones y las dificultades que enfrentan numerosas empresas para sostener sus niveles de producción. Los servicios representan el 15,9% de los conflictos, el comercio el 8,4%, las actividades primarias el 7,9% y la construcción el 2,5%.
En cuanto a los motivos que originaron las situaciones relevadas, los despidos encabezan el registro con el 53,7% de los casos. En segundo lugar aparecen los cierres de empresas, con el 17,5%; las crisis empresariales, con el 10,7%; y las suspensiones, con el 9,1%. El resto corresponde a quiebras, retiros voluntarios, concursos preventivos y reclamos vinculados con las condiciones laborales.
El estudio también incorpora información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que señala que entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en Argentina. Este indicador, aunque diferente del relevamiento de conflictos, permite dimensionar la evolución del empleo formal durante el período.
Otro de los aspectos centrales del informe es el cambio en la gravedad de las situaciones laborales. Mientras que durante 2024 predominaban los despidos y las suspensiones, con el avance del tiempo comenzaron a ganar participación los cierres definitivos de establecimientos, las quiebras y los concursos preventivos.
En ese sentido, el CEPA detalló que estas situaciones representaban el 6,2% de los conflictos durante 2024, porcentaje que ascendió al 17,6% en 2025 y alcanzó el 39,9% en lo que va de 2026. La tendencia se profundizó durante el segundo semestre de este año, cuando el 56,5% de los casos registrados correspondió a cierres, quiebras o concursos preventivos.
El relevamiento también identificó al menos 46 empresas que inicialmente atravesaron despidos, suspensiones o crisis y posteriormente terminaron en procesos de cierre, quiebra o concurso preventivo. Entre ellas figuran Electrolux, Dass, Metalfor, Granja Tres Arroyos, Musimundo y SanCor.
La evolución mensual de los conflictos también mostró un incremento. Entre enero de 2024 y octubre de 2025 se registraron, en promedio, 25 casos mensuales. En cambio, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 el promedio ascendió a 33, lo que representa una suba del 32%.
Respecto del tamaño y la composición de las empresas involucradas, las pequeñas y medianas empresas concentran el 41% de los conflictos relevados. Les siguen los conglomerados extranjeros, con el 23,5%; las grandes empresas, con el 21,8%; los grandes grupos económicos, con el 9,7%; y las empresas estatales, con el 4%. Además, el 74,2% de los casos corresponde a compañías de capital nacional.
Para Tierra del Fuego, los números reflejan un escenario particularmente sensible por la dependencia de una parte importante del empleo privado respecto de la industria. La presencia de la provincia entre las seis jurisdicciones con más conflictos laborales registrados vuelve a poner en primer plano las dificultades que atraviesa su entramado productivo.
No obstante, el informe advierte que los datos corresponden a conflictos identificados mediante el seguimiento de medios de comunicación y fuentes sindicales, por lo que no constituyen un censo exhaustivo de todas las situaciones ocurridas. Tampoco permiten establecer una tasa de conflictividad en función de la cantidad de habitantes o trabajadores de cada provincia, ni determinar cuántas personas fueron afectadas específicamente en Tierra del Fuego.
Aun con esas limitaciones, el relevamiento del CEPA muestra que la provincia forma parte de un escenario nacional de creciente conflictividad laboral, en el que los despidos, las crisis empresariales y el cierre de establecimientos adquirieron un peso cada vez mayor durante los últimos años.


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