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El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, reclamó la regularización de una deuda de coparticipación provincial que, según precisó, alcanza los $17.200 millones. En diálogo con FM del Pueblo, sostuvo que los atrasos aumentan semana a semana y cuestionó lo que considera un trato desigual del Gobierno fueguino hacia la ciudad.
Díaz señaló que, cuando el intendente Martín Perez presentó el presupuesto ante el Concejo Deliberante, el monto pendiente era de $16.000 millones. Según explicó, desde entonces se incrementó a un ritmo aproximado de $400 millones semanales. “Hay un trato diferenciado de parte del Gobierno de la Provincia”, afirmó, y atribuyó esa situación a una decisión política del gobernador Gustavo Melella.
Tras la presentación del equipo de Finanzas ante los concejales, el funcionario informó que se aprobó una ordenanza para conformar una mesa de trabajo entre las instituciones municipales y el Tribunal de Cuentas. El objetivo será analizar la documentación y evaluar las acciones administrativas o judiciales que puedan impulsarse para reclamar las transferencias.
El secretario remarcó que la falta de fondos repercute directamente en los vecinos, porque reduce la capacidad municipal para brindar asistencia social, discutir mejoras salariales y ejecutar obras que generan empleo. También mencionó las dificultades para sostener los subsidios al transporte público, la recolección de residuos y el mantenimiento de los espacios públicos.
Respecto de una eventual presentación judicial, Díaz recordó que, según su interpretación de un antecedente de 2022, la Justicia consideró razonable un plazo de entre 22 y 24 días para distribuir los recursos. Aseguró que actualmente las demoras llegan a 45 días y sostuvo que el Municipio analiza todas las alternativas para defender los fondos que le corresponden.
Al mismo tiempo, afirmó que Martín Perez mantiene su disposición a reunirse con el Gobernador para encontrar una solución. “Estoy completamente dispuesto a ir y sentarme a resolverlo”, fue la respuesta que, según relató Díaz, le transmitió el intendente. El funcionario destacó la voluntad de preservar la institucionalidad, aunque advirtió que las autoridades municipales también tienen responsabilidades sobre el resguardo de los recursos.
Finalmente, pidió que la Legislatura intervenga y retome la discusión sobre el goteo automático de coparticipación. Recordó que el proyecto había sido aprobado y posteriormente vetado por el Ejecutivo provincial, y cuestionó que los compromisos posteriores no hayan reducido los atrasos con Río Grande. “Los funcionarios públicos no podemos hacer lo que queremos. Los funcionarios públicos tenemos responsabilidades en administrar la cosa pública”, sostuvo.
