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El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, pidió retomar el debate de la Ley de Goteo en la Legislatura de Tierra del Fuego, frente al crecimiento de la deuda de coparticipación provincial. En diálogo con Radio Provincia, aseguró que el monto pendiente asciende a $17.200 millones y advirtió que las demoras condicionan el funcionamiento municipal. “Tenemos que volver a discutir en la Legislatura esta ley de goteo que le va a traer tranquilidad a los municipios en muchos sentidos”, sostuvo.
La denominada Ley de Goteo busca establecer un mecanismo de transferencia automática de los recursos coparticipables que corresponden a los municipios. La coparticipación es la distribución de determinados ingresos públicos entre la Provincia y las administraciones municipales. El objetivo del goteo es que la porción municipal se transfiera de manera regular a medida que ingresan los fondos, reduciendo la dependencia de decisiones administrativas posteriores y dando mayor previsibilidad para afrontar salarios, servicios y otras obligaciones.
Díaz recordó que la iniciativa había sido sancionada y que, cuando se discutía la insistencia legislativa, el asunto volvió a comisión. Según relató, posteriormente hubo una reunión entre los secretarios de Finanzas de los tres municipios y el ministro de Economía provincial, de la que surgió un cronograma de transferencias. Sin embargo, cuestionó que ese esquema no haya reducido las demoras: “Presentaron un cronograma de transferencia, pero no que achique los días de atraso. Incluso han crecido”.
El funcionario señaló que el reclamo municipal corresponde a recursos que la Provincia ya recibió, no a ingresos que todavía no fueron percibidos. Explicó que la deuda pasó de $16.000 millones, cuando el intendente Martín Perez presentó el presupuesto ante el Concejo Deliberante, a $17.200 millones al momento de la entrevista. Además, afirmó que existen atrasos de más de 60 días en las liquidaciones definitivas y consideró que hay una decisión política de “ahogar financieramente” a Río Grande.
Entre las consecuencias, Díaz mencionó las dificultades para avanzar en las paritarias municipales. Explicó que, aunque el presupuesto contempla la posibilidad de discutir mejoras salariales, la falta de liquidez impide hacerlo. También sostuvo que los atrasos limitan la capacidad de respuesta en salud, asistencia social, cultura, deporte y obra pública, en un contexto de mayor demanda de acompañamiento por parte de familias afectadas por la pérdida del empleo.
Díaz informó que el Ejecutivo presentó al Concejo Deliberante una respuesta a un pedido de informes, con el detalle de la deuda por período y las intimaciones realizadas al Ministerio de Economía. Según explicó, esa documentación permite observar cómo se acumularon los montos pendientes. También remarcó que las dificultades financieras alcanzan a otras instituciones municipales, como el propio Concejo, el Tribunal de Cuentas y el Juzgado de Faltas.
Finalmente, sostuvo que el diálogo con las autoridades provinciales continúa, pero reclamó que se traduzca en transferencias concretas. Planteó que el tratamiento de la información en el Concejo debe servir para poner la situación en conocimiento de los legisladores y reabrir la discusión sobre el goteo. “No cuenten con nosotros para generar una crisis institucional”, expresó, al ratificar que el Municipio mantendrá su reclamo mediante los mecanismos institucionales.
