19640 Noticias
La Aduana de Río Grande determinó el cobro de tributos al vendedor y al comprador de un vehículo alcanzado por el régimen de la Ley 19.640, luego de que el automóvil fuera comercializado en el continente sin completar el procedimiento de liberación correspondiente. La medida involucra a una Chery Tiggo 4 Pro Comfort que salió del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego y no regresó a la provincia.
El administrador de la Aduana de Río Grande, Marcelo Rubén Suárez, notificó a las personas involucradas sobre los cargos correspondientes a los tributos que, según la actuación del organismo, quedaron pendientes tras la salida irregular del vehículo al territorio continental.
La liquidación establece un importe de $1.131.312,11 por IVA adicional, al que se suman US$6.499,72 por otros conceptos tributarios.
El monto expresado en dólares se compone de los siguientes conceptos:
La liquidación se realizó conforme a los criterios establecidos en la Instrucción General 13/2016.
Los importes en dólares deberán convertirse a pesos al momento del pago, utilizando el tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día hábil anterior a la cancelación.
La resolución establece que el pago deberá realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a que los cargos queden firmes. Sin embargo, antes de que eso ocurra, tanto el vendedor como el comprador tienen la posibilidad de presentar un recurso de impugnación, de acuerdo con lo previsto en el Código Aduanero.
Esta instancia permite a los involucrados cuestionar la determinación de la deuda antes de que quede firme. Por lo tanto, los importes notificados no deben confundirse con una obligación que ya haya agotado todas las instancias administrativas de revisión.
La actuación se fundamenta en que el vehículo estaba alcanzado por el régimen de promoción establecido en la Ley 19.640, que contempla beneficios fiscales y aduaneros para Tierra del Fuego bajo determinadas condiciones.
Según la documentación aduanera, el automóvil salió del Área Aduanera Especial y fue vendido en el continente sin haber completado previamente su liberación del régimen. Además, el rodado no regresó a la isla.
La liberación es el procedimiento mediante el cual se regulariza la situación aduanera de un vehículo afectado al régimen, para que pueda ser trasladado y comercializado fuera de Tierra del Fuego conforme a las disposiciones vigentes.
Cuando ese trámite no se completa, la salida del vehículo puede generar obligaciones tributarias, como ocurrió en el caso notificado por la Aduana de Río Grande.
El trámite de liberación puede realizarse de manera virtual a través del servicio “Presentaciones digitales”, disponible para gestionar la opción denominada “Liberación de vehículos afectados a la Ley 19.640”.
Los requisitos de permanencia en el Área Aduanera Especial varían según el origen del vehículo.
Para los automóviles de origen nacional, se exigen tres años de permanencia cumplidos, contados desde la fecha de exportación desde el Territorio Nacional Continental hacia el Área Aduanera Especial.
En el caso de los vehículos importados, el plazo requerido es de cinco años. El cómputo comienza con la inscripción inicial, es decir, desde el patentamiento efectivo del rodado.
Estos períodos forman parte de las condiciones que deben tenerse en cuenta antes de trasladar definitivamente un vehículo al continente o concretar una operación de venta fuera de la provincia.
El caso vuelve a poner el foco en las condiciones que deben cumplir los propietarios de vehículos adquiridos bajo los beneficios del régimen fueguino.
Antes de concretar una venta o trasladar un automóvil al continente, resulta fundamental verificar si el vehículo ya cumplió los plazos exigidos y si corresponde tramitar su liberación aduanera.
La intervención de la Aduana de Río Grande muestra las consecuencias tributarias que puede generar una operación realizada sin completar ese procedimiento. En este expediente, tanto el vendedor como el comprador fueron notificados y podrán ejercer su derecho a impugnar los cargos antes de que queden firmes.
