19640 Noticias
La investigación judicial por la muerte de Tayron Villalba Villegas, el niño de tres años que falleció el 20 de agosto en Río Grande, sumó una nueva instancia con el pedido de imputación de una segunda médica pediatra del Hospital Regional Río Grande. La medida busca esclarecer las circunstancias de la atención médica y determinar las posibles responsabilidades profesionales vinculadas al caso.
La querella que representa a los padres de Tayron solicitó ampliar la imputación a una profesional que firmó la historia clínica del niño, aunque no habría sido quien lo atendió durante la primera consulta. El pedido contó con el acompañamiento de la fiscalía y apunta a establecer las responsabilidades derivadas de la atención y de la documentación médica.
Con esta medida, dos médicas pediatras quedaron imputadas en la causa: una por la atención brindada al pequeño y otra por completar y firmar su historia clínica. La investigación deberá determinar el grado de participación y las eventuales responsabilidades de cada una de las profesionales.
Mientras una de las médicas ya cuenta con representación legal particular, la imputación de la segunda profesional se incorporó recientemente al expediente.
El caso se remonta al 19 de agosto, cuando Tayron ingresó por la tarde al Hospital Regional Río Grande acompañado por su madre. El niño presentaba fiebre, vómitos y diarrea, síntomas por los que recibió un diagnóstico de gastritis leve y la indicación de regresar a su domicilio.
Sin embargo, aproximadamente nueve horas después, volvió al centro asistencial en estado crítico, con un cuadro de shock séptico irreversible. El pequeño falleció el 20 de agosto, lo que dio inicio a una serie de interrogantes sobre la atención recibida durante su primera consulta.
Ante las dudas sobre las circunstancias de la muerte, la familia impulsó medidas judiciales para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, se solicitó la exhumación del cuerpo y la realización de estudios complementarios.
Los resultados de la autopsia determinaron que Tayron murió como consecuencia de un shock séptico originado por una neumonía. Este hallazgo se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación, que busca establecer por qué la infección no habría sido detectada durante la primera consulta médica.
La querella procura determinar si una evaluación clínica más exhaustiva habría permitido identificar el cuadro y adoptar medidas para tratarlo antes de que alcanzara una condición crítica.
En ese sentido, se incorporaron consultas con un perito médico de parte para analizar los síntomas presentados por el niño y las posibilidades de detectar la infección mediante una evaluación clínica. Las conclusiones sobre la existencia de eventuales fallas en la atención deberán surgir del análisis de las pruebas y de las medidas dispuestas en el expediente.
Otro de los aspectos bajo análisis está relacionado con la organización de las guardias médicas en Río Grande y las condiciones laborales de los profesionales que prestaban servicios en el hospital.
Según los elementos incorporados a la investigación, el Estado provincial contrata a una empresa que, a su vez, subcontrata médicos para cubrir servicios itinerantes. La querella accedió al contrato correspondiente y busca establecer las jornadas laborales y las condiciones en las que se desempeñaban los profesionales involucrados.
Esta línea de investigación apunta a reconstruir el contexto en el que se brindó la atención a Tayron, sin que ello implique un cuestionamiento general al personal sanitario.
También se analizan las circunstancias de la primera consulta, incluida la atención que recibió el niño en la sala de espera. La investigación deberá determinar si se cumplieron los deberes de cuidado correspondientes y si existieron omisiones relevantes durante la evaluación médica.
La causa continúa en etapa investigativa y ya contempla declaraciones testimoniales de familiares y personal técnico del hospital, además de distintas medidas destinadas a reconstruir las horas previas al fallecimiento.
La querella trabaja junto con la fiscalía y prevé impulsar nuevas diligencias a partir de los elementos incorporados al expediente. Entre los puntos centrales se encuentran la atención inicial, la evolución del cuadro clínico, la documentación médica y las circunstancias en las que se informó a los padres sobre la muerte del niño.
La familia también busca esclarecer las razones por las que no se habría realizado una autopsia inicial y conocer cómo se estableció originalmente la causa del fallecimiento.
Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá determinar si existieron irregularidades en la atención médica y si corresponde atribuir responsabilidades concretas a las profesionales involucradas. Por el momento, la causa continúa abierta y las posibles responsabilidades deberán establecerse a partir de las pruebas reunidas.
