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El intendente de Río Grande, Martín Perez, aseguró que la deuda de coparticipación del Gobierno provincial con el Municipio llegó a $17.800 millones y reclamó medidas para reducir los atrasos. En declaraciones a la prensa, sostuvo que la acumulación de recursos pendientes afecta las finanzas municipales y consideró que la situación responde a un intento de “ahogo financiero”.
Perez explicó que las demoras pasaron de unos 23 o 24 días a casi 45, mientras que en algunas liquidaciones definitivas llegan casi a 90 días. Para dimensionar el monto, afirmó que equivale al presupuesto municipal de salud previsto para el próximo año, a cerca del 95% del plan de obras y a tres veces los recursos destinados a deporte.
“Es dinero que ha recibido la Provincia y que tiene que distribuir como corresponde con nuestro Municipio”, sostuvo. El intendente remarcó que no reclama fondos adicionales, sino recursos que pertenecen a Río Grande y que deben utilizarse para sostener los servicios que reciben sus vecinos.
En ese contexto, se mostró dispuesto a reunirse con el gobernador para encontrar una solución. Aclaró que no exige cancelar la totalidad de la deuda de un día para otro, sino reducir las demoras. “Por lo menos disminuya la cantidad de días de atraso, de 45 a 25 días”, planteó, al señalar que esa diferencia representa una suma importante para el funcionamiento municipal.
Respecto de las acciones institucionales, informó que el Ejecutivo intimó al ministro de Economía provincial y respondió un pedido de informes del Concejo Deliberante. También anticipó que concurrirá con su equipo técnico para explicar la situación y solicitar que el reclamo sea elevado a la Legislatura. En ese marco, pidió retomar el debate del goteo automático de coparticipación, cuyo proyecto, recordó, había sido aprobado y posteriormente vetado por el Ejecutivo provincial.
Consultado por los trabajadores municipales, Perez aseguró: “No hay riesgo en el pago salarial”. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre sobre las transferencias dificulta discutir incrementos con los gremios. Explicó que resulta complejo asumir nuevos compromisos sin saber cuándo llegarán los recursos correspondientes a la ciudad.
Finalmente, expresó que prefiere resolver el conflicto mediante las vías administrativas, políticas e institucionales antes que llegar a una instancia judicial. “No quiero ser el mejor amigo del Gobernador, no hace falta. Necesito que los recursos que le corresponden a la ciudad lleguen en tiempo y forma”, manifestó, y reiteró su pedido de normalizar las transferencias.
