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La senadora por Tierra del Fuego, Cristina López, recibió un nuevo revés judicial en la causa que inició por los incidentes registrados en un despacho del Senado a fines de 2025. La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal porteña declaró inadmisible el recurso de casación con el que la legisladora buscaba que el expediente fuera revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.
La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes consideraron que no estaban dadas las condiciones legales para habilitar esa instancia.
El expediente se originó a partir de un conflicto por la oficina 742 del edificio anexo del Senado. López había acordado ocupar ese despacho luego de la salida del entonces senador Sergio Leavy, pero el 28 de noviembre de 2025 encontró la puerta cerrada, fajada y bajo custodia de personal de seguridad.
Según denunció la senadora, también había sido retirada la placa con su nombre y los agentes le impidieron ingresar al lugar. López atribuyó la decisión administrativa a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, en el marco de una medida que disponía que los legisladores cuyos mandatos concluían el 10 de diciembre restituyeran los despachos y bienes asignados.
Tres días después, el 1° de diciembre, la legisladora regresó acompañada por un cerrajero para intentar ingresar y retirar pertenencias que, según sostuvo, permanecían dentro de la oficina.
En ese segundo episodio se produjo un forcejeo con personal de seguridad. López denunció haber sido empujada, golpeada y sometida a tocamientos, además de señalar que el cerrajero que la acompañaba había recibido amenazas.
Como parte de la denuncia, la senadora presentó una lesión en el tobillo derecho. La documentación incorporada al expediente indicó que un médico del Senado constató un hematoma de 5 por 3 centímetros en esa zona.
La legisladora sostuvo que las lesiones se produjeron durante el operativo dispuesto para impedirle el acceso al despacho y volvió a responsabilizar a Villarruel por la decisión administrativa que había originado el conflicto.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N° 5, que solicitó al Senado documentación relacionada con la asignación, cierre y custodia de la oficina, además de información sobre las autoridades y agentes que se encontraban en el lugar.
Sin embargo, la prueba reunida no permitió acreditar judicialmente las agresiones denunciadas ni individualizar a sus posibles autores.
Al confirmar el archivo, la Cámara sostuvo que sí estaba acreditada la existencia de un conflicto relacionado con el acceso al despacho 742 y la presencia de personal de seguridad, pero consideró que no había elementos suficientes para demostrar las agresiones en los términos planteados por la querella.
La defensa de López, encabezada por Fernando Burlando y Fabián Amendola, cuestionó el cierre de la investigación. Entre otros planteos, sostuvo que se había descartado una pericia psicológica forense y que todavía quedaban medidas de prueba por realizar.
Luego de que la Cámara confirmara el archivo, la senadora intentó recurrir esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Bertuzzi y Yadarola consideraron que la resolución cuestionada no constituía una sentencia definitiva ni podía ser equiparada excepcionalmente a una. También señalaron que los argumentos presentados por la querella reproducían, en lo sustancial, planteos que ya habían sido formulados durante la apelación.
Según el tribunal, tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior que justificara habilitar la instancia de casación.
Por su parte, el juez Llorens coincidió con el rechazo y sostuvo que la vía de casación debe quedar limitada a los supuestos específicamente contemplados por la legislación.
De esta manera, la Sala I declaró inadmisible el recurso presentado por Cristina López y dispuso devolver las actuaciones a la instancia anterior, dejando firme el cierre de la vía de casación para este planteo.
