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En comunicación con FM Radio del Pueblo, el legislador y presidente del bloque FORJA, Federico Greve, defendió el proyecto de Fondo de Financiamiento Educativo que se debate en la Legislatura y rechazó que se trate simplemente de una suba de impuestos. Explicó las distintas alternativas de financiamiento, sostuvo que se busca establecer una política de Estado a cinco años y planteó la necesidad de revisar el uso de las horas cátedra dentro de la administración provincial.
En primer lugar, el legislador Federico Greve comenzó diferenciando el proyecto de una ley tarifaria y cuestionó las interpretaciones que vinculan las fuentes de financiamiento directamente con aumentos para la población: “La primera aclaración es que es una ley tarifaria. Sí,pero acá no hay ningún aumento de impuestos. Eso está clarísimo”, afirmó.
En ese sentido, explicó que entre las fuentes contempladas aparecen un 3% de Ingresos Brutos para Camuzzi y otro 3% para el Banco de Tierra del Fuego, conceptos que actualmente cuentan con exenciones: “Estas dos fuentes de financiamiento fueron de las más cuestionadas y de alguna manera podría llegar a tener impacto en la población, pero indirectamente”.
El legislador sostuvo que todavía no está definido que esas cargas terminen trasladándose a los usuarios y cuestionó que se dé por sentado un aumento de tarifas o tasas: “Lo que se dice es, cuando vos le pones el 3% de ingresos brutos a CAMUSI, lo que dice la oposición es que automáticamente logra pasar la tarifa, el 3%. Y cuando vos le pones el 3% al banco, el banco aumenta la tasa", detalló Greve.
Greve señaló además que el Banco Tierra del Fuego será convocado para discutir el impacto de la medida y adelantó que también se analizan otras alternativas de financiamiento: “Hay otras, está también Hidrogeno Verde, todo lo que tiene que ver con las tecnologías del conocimiento”.
Entre las posibilidades mencionó también a las empresas estatales, planteando que una parte de sus ganancias pueda destinarse al sistema educativo: “Entonces, si esa empresa genera y factura que el 10% vaya a educación, a mí me parece que la progresión y lo que nosotros queremos que sea Terra Invis en el futuro, pues para nada mala”.
El objetivo, según explicó, es que el financiamiento educativo se transforme en una política sostenida durante los próximos cinco años y no dependa exclusivamente del presupuesto anual: “La realidad es que eso es una política de Estado y lo que se discute en esta ley es una política de Estado de acá cinco años”.
Greve explicó que el proyecto apunta a incrementar progresivamente el porcentaje del Producto Bruto Geográfico destinado a educación, aunque aclaró que ese mecanismo no reemplazaría el financiamiento que actualmente realiza el Tesoro provincial: “Esto no reemplaza lo que hace el Tesoro de Educación. Porque el principal gasto o el principal pago de la educación y el salario y el mantenimiento de la escuela lo hace la provincia. Esta herramienta ayuda a un objetivo político de acá a 5 años”.
En paralelo, se refirió a uno de los puntos utilizados por la oposición para cuestionar el gasto educativo: las horas cátedra. Greve recordó que desde 2024 existe un límite y señaló que el presupuesto actual contempla una reducción de ese número: “Desde el 2024 está ese límite de horas cátedras y de hecho en esta ley de presupuesto nueva de este año se bajó a un millón veinte mil horas cátedras, son más de doscientas mil horas cátedras en el presupuesto que son las autorizadas a contratar”.
El legislador reconoció que es necesario revisar cómo se utilizan y asignan esas horas y sostuvo que el Ministerio de Educación debería brindar explicaciones sobre su destino: “Hay que hacer una revisión del uso de las horas cátedras y cómo están asignadas y demás, yo no estoy en desacuerdo”, sostuvo.
Sin embargo, rechazó que una reducción de horas cátedra pueda presentarse como una solución integral al problema educativo: “¿Es la solución de todos los problemas de la educación? No, claramente que no. ¿Es la resolución de todos los problemas de infraestructura de las escuelas? No, tampoco, pero de alguna manera es un principio de solución para lo que nosotros buscamos acá cinco años”.
Greve también sostuvo que deben revisarse situaciones vinculadas con reemplazos docentes, particularmente cuando se acumulan reemplazos por distintas carpetas médicas: “Todo eso es parte del control y parte de una auditoría interna que hay que empezar a hacer o se está haciendo, entiendo yo, dentro del ministerio, pero hay que agudizarla”.
Durante la entrevista también mencionó el 0,5% de Ingresos Brutos como otra de las herramientas que están sobre la mesa y reconoció que esta alternativa genera impacto en los municipios: “Es importante sentarnos y discutir este tipo de cuestiones. Pero no podemos inventar lo que no se puede discutir también y no se puede consensuar”.
En cuanto al revalúo del impuesto inmobiliario rural, Greve consideró que también debe formar parte de la discusión y cuestionó los bajos niveles históricos de recaudación: “El revalúo del impuesto inmobiliario rural es muy importante porque hace 20 años que no se aumenta”.
Por otra parte, defendió la posibilidad de solicitar un esfuerzo al sector privado para sostener determinadas políticas públicas y cuestionó la postura de quienes reclaman asistencia estatal pero rechazan nuevos aportes: “Me parece que hay que buscar un equilibrio”.
Finalmente, Greve volvió a remarcar que el objetivo del proyecto es establecer un mecanismo de financiamiento sostenido para la educación y no perjudicar a sectores particulares: “El principal objetivo no es perjudicar a nadie, no es perjudicar a la municipalidad, no es perjudicar a la gente con la suegra, ni mucho menos una tarifaria, porque no tiene nada que ver con eso”.
Y concluyó: “Nosotros buscamos que el objetivo sea un coso docente serio, que se pueda mantener en el tiempo y que sea de la mejor calidad posible”.
