La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario, luego de declarar inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que había condicionado su ejecución a la disponibilidad de recursos presupuestarios.

La decisión fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional.

El conflicto se originó después de que el Congreso sancionara la Ley 27.795, destinada a garantizar el financiamiento de la educación superior. El Poder Ejecutivo la vetó mediante el Decreto 647/2025, pero ambas cámaras rechazaron el veto con las mayorías requeridas y ratificaron la norma.

Tras la insistencia del Congreso, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025, aunque incorporó una cláusula que condicionaba su aplicación al artículo 5° de la Ley 24.629. En la práctica, la ejecución quedó suspendida hasta que se determinaran las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes.

Cormick consideró que ese mecanismo funcionó como una nueva instancia de veto no contemplada por la Constitución. En su resolución sostuvo que, una vez que el Congreso insiste con los dos tercios de los votos frente a un veto presidencial, corresponde la promulgación y aplicación de la ley.

El magistrado también señaló que la propia Ley de Financiamiento Universitario contempla mecanismos para afrontar los gastos. Entre ellos, faculta al jefe de Gabinete a realizar reasignaciones presupuestarias y establece la posibilidad de utilizar incrementos de la recaudación por encima de las estimaciones.

Durante el proceso, las universidades habían advertido sobre las consecuencias de la falta de actualización presupuestaria y salarial. La UBA sostuvo que durante 2024 y 2025 se produjo una fuerte pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes y que la situación también comprometió el funcionamiento de los hospitales universitarios.

El Gobierno nacional, por su parte, defendió la legalidad del decreto y argumentó que la implementación de la ley implicaba un fuerte impacto sobre las cuentas públicas. Sin embargo, esos planteos fueron desestimados por el juzgado.

Con la resolución, la Ley de Financiamiento Universitario queda plenamente vigente y el Poder Ejecutivo deberá dictar las normas reglamentarias y administrativas necesarias para avanzar con su ejecución y garantizar los recursos destinados a las universidades públicas del país.