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En comunicación con Radio Provincia, el legislador del bloque Provincia Grande, Matías Lapadula, cuestionó distintos aspectos del proyecto de Fondo de Financiamiento Educativo que comenzó a ser analizado bajo trámite de urgencia. Advirtió que todavía faltan datos del Poder Ejecutivo para determinar cuánto recaudarían los impuestos previstos, cómo se calcularía el porcentaje destinado a educación y de qué manera se sostendría el fondo.
En primer lugar, Matías Lapadula sostuvo que el proyecto presenta varios puntos que deben ser analizados antes de avanzar y cuestionó que se pretenda resolver una problemática compleja mediante un tratamiento urgente: “El proyecto tiene muchos puntos débiles, que me parece que merecen una discusión y un análisis, porque creo que no va a solucionar el problema de la educación y tampoco es la solución seguir aumentando impuestos”, afirmó.
En ese sentido, señaló que todavía falta información oficial para conocer el impacto concreto de las medidas propuestas: “Sigue faltando, como siempre, información por parte del Poder Ejecutivo”, cuestionó el legislador.
Uno de los puntos que puso como ejemplo es el impuesto sobre el gas. Según explicó, el proyecto contempla un 3,4% sobre la red de gas y el gas domiciliario, pero no se conoce cuánto dinero permitiría recaudar: “¿Cuánto estiman recaudar con esto? Porque nosotros no tenemos ese dato”, planteó.
También cuestionó la incorporación de Ingresos Brutos sobre las ganancias del Banco de Tierra del Fuego y reclamó conocer cuánto se prevé obtener mediante esa vía: “¿Cuánto estiman recaudar con esto? ¿Cuánto va a perder el municipio? ¿Cuánto necesitamos pagar durante cinco años para llegar a ese mínimo que establece la ley?”, enumeró.
Otro de los aspectos señalados por Lapadula está relacionado con el porcentaje del Producto Bruto Geográfico (PBG) que se pretende destinar al financiamiento educativo. El legislador cuestionó cómo se determinará ese indicador y qué parámetros se utilizarán para establecer el monto final: “¿Cómo van a estimar el Producto Bruto Geográfico? No lo sabemos”, sostuvo.
Además, señaló que el proyecto establece que, dentro de los 90 días posteriores a su sanción, el Ministerio de Economía deberá brindar información vinculada con el cálculo del índice. “Está todo al revés”, consideró Lapadula, al advertir que esa información debería estar disponible antes de aprobar la iniciativa.
También planteó interrogantes sobre la ejecución del presupuesto educativo y puso como ejemplo las horas docentes contempladas en las partidas: “Tenemos 1.200.000 horas docentes presupuestadas. ¿Cuántas se ejecutan? ¿En qué? ¿Cuántas son horas frente al aula y cuántas son administrativas o de otro tipo?”, preguntó.
A su vez, Lapadula también cuestionó que el proyecto haya sido enviado con trámite de urgencia y sostuvo que la complejidad del tema requiere una discusión más amplia: “Las cosas se tienen que hacer bien, no urgentes”, afirmó.
El legislador recordó que en la Legislatura también existen otros proyectos vinculados al financiamiento educativo y sostuvo que esas iniciativas ya fueron analizadas durante distintas reuniones con sindicatos, cámaras empresariales y otros sectores.
Por eso, rechazó el argumento de que el tema no haya sido discutido: “No es cierto que no se haya tratado, no es cierto que no se haya trabajado. Se trabajó durante muchísimo tiempo, en muchísimas reuniones”, sostuvo.
En relación con el proyecto que actualmente tiene trámite de urgencia, Lapadula fue contundente: “Yo no creo que esto se pueda resolver en 20 días”.
El legislador también planteó una contradicción en el debate legislativo: mientras algunos sectores cuestionan los aumentos impositivos incluidos en el proyecto, también se plantea mantener el fondo de financiamiento: “Sacamos los impuestos. ¿De qué se nutre este fondo? ¿Queda vacío?”, cuestionó.
Para Lapadula, si se eliminan las fuentes de financiamiento previstas, la iniciativa corre el riesgo de convertirse en una norma sin recursos concretos: “¿Vamos a dejar creado un fondo que no tiene financiamiento?”, planteó.
En ese escenario, mencionó como una de las posibles fuentes futuras de recursos actividades vinculadas al hidrógeno verde, aunque advirtió que todavía no existe certeza sobre cuándo estarán efectivamente en funcionamiento: “Preguntémosle al ministro de Economía, preguntémosle al ministro de Producción cuándo creen que vamos a tener las actividades de hidrógeno verde. ¿En 2028? ¿En 2029?”, señaló.
Y agregó que no considera adecuado postergar durante dos años la resolución del problema educativo.
Frente a este escenario, el legislador de Provincia Grande consideró que lo más conveniente sería quitar el trámite de urgencia y analizar las distintas propuestas existentes: “Lo lógico hubiese sido sacar el tratamiento de urgencia”, sostuvo.
Además, explicó que si no existe un dictamen antes de que el proyecto llegue al recinto, existen distintas posibilidades dentro del procedimiento legislativo: que avance el proyecto tal como fue enviado por el Ejecutivo, que la Cámara lo rechace o que se elimine el trámite de urgencia antes de que se cumplan los 30 días.
Para Lapadula, ninguna de esas alternativas resuelve por sí misma el problema de fondo: “Necesitamos una herramienta que, sin castigar a los vecinos, sin castigar al comercio, sin castigar a la economía, dote de financiamiento a la educación”, afirmó.
En esa línea, remarcó que el objetivo debería ser garantizar salarios dignos para los docentes y escuelas en condiciones para los estudiantes, pero sin avanzar sobre una estructura impositiva que genere mayores dificultades.
Finalmente, cuestionó nuevamente la decisión de aplicar un trámite de urgencia a una discusión que considera compleja: “Es un problema complejo como para que le pongan un trámite de urgencia, una pavada como para que le pongan un trámite de urgencia, cualquier mamarracho que además no va a solucionar nada”, sostuvo.
Lapadula confirmó que participará de la Comisión 4 y que también convocó a una reunión de la Comisión 2, que preside, para analizar el proyecto y formular preguntas a los funcionarios del Ejecutivo.
