19640 Noticias
La defensa de Cristina Kirchner formalizó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) la incorporación de nueva evidencia con la que busca revisar su condena en la causa Vialidad, por la que cumple seis años de prisión bajo modalidad domiciliaria y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presentación está encabezada por los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes sostienen que durante el proceso judicial contra la exmandataria se vulneraron garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Uno de los objetivos centrales es conseguir que se suspendan los efectos de la inhabilitación que actualmente le impide presentarse a cargos públicos.
La condena contra Cristina Kirchner quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos presentados por su defensa, dejando vigente la pena impuesta en la causa Vialidad.
El planteo internacional fue reforzado con documentación que los abogados dieron a conocer públicamente durante una conferencia de prensa realizada el pasado 15 de septiembre.
Beraldi explicó que el nuevo elemento surgió a partir de información de la Dirección Nacional de Vialidad conocida durante el desarrollo de la causa Cuadernos. A partir de esos datos, la defensa encargó un análisis sobre la distribución de fondos destinados a obras públicas.
Según el informe presentado por los abogados, el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, habría recibido el 0,85% de los fondos analizados. La defensa considera que este dato contradice aspectos centrales de la argumentación utilizada para condenar a la expresidenta.
“Encontramos una prueba determinante”, afirmó Beraldi al presentar el informe. El abogado sostuvo que los nuevos datos, a criterio de la defensa, cuestionan la afirmación de que existió un direccionamiento de recursos destinado a beneficiar a Báez.
El reclamo fue llevado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, integrado por 18 expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La estrategia de los abogados apunta a que el planteo sea considerado durante el próximo período de sesiones del Comité y, paralelamente, avanzar con mecanismos de revisión dentro de la Justicia argentina.
La defensa busca, entre otras medidas, dejar sin efecto o suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El planteo ante Naciones Unidas no modifica por sí mismo la sentencia firme dictada por la Justicia argentina, pero forma parte de la estrategia internacional impulsada por los abogados de la expresidenta para cuestionar el proceso y sus consecuencias.
