La Corte Suprema ratificó el fallo a favor de Tecnomyl y frenó el impuesto PAIS

El máximo tribunal rechazó un recurso de ARCA y ratificó la sentencia favorable a la empresa de agroquímicos de Río Grande, poniendo fin a un litigio de tres años sobre insumos importados.
RÍO GRANDE17/09/202619640 Noticias19640 Noticias
Tecnomyl

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una sentencia favorable a Tecnomyl, empresa de agroquímicos radicada en Río Grande, en la demanda iniciada contra la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la aplicación del impuesto PAIS a la importación de insumos destinados a su producción.

La decisión fue adoptada el 10 de septiembre en el expediente “Tecnomyl SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ incidente de apelación” y puso fin a un conflicto judicial iniciado en 2023. La demanda había sido presentada originalmente contra la AFIP, organismo posteriormente reemplazado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El caso se originó a partir del cobro del impuesto PAIS sobre las importaciones de insumos que Tecnomyl necesita para fabricar sus productos en Tierra del Fuego. Una parte importante de esos componentes, de acuerdo con la presentación de la compañía, es adquirida en China.

El conflicto llevó al ámbito judicial la relación entre la aplicación del tributo y las exenciones contempladas por la Ley 19.640, norma que estableció un Área Franca y un Área Aduanera Especial para Tierra del Fuego. Ese régimen contempla beneficios tributarios destinados a promover y sostener actividades económicas en la provincia, argumento sobre el cual la empresa estructuró el centro de su cuestionamiento.

Tras obtener una resolución favorable en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la medida fue recurrida por ARCA mediante un recurso extraordinario. Sin embargo, el máximo tribunal consideró que el organismo recaudador no cuestionó adecuadamente todos los fundamentos de la sentencia anterior, declarando inadmisible el recurso y ratificando el fallo.

Durante el proceso judicial, la compañía advirtió que la aplicación del tributo y el anticipo exigido en Aduana afectaron la disponibilidad de insumos importados, incrementaron los costos y redujeron la previsibilidad necesaria para mantener el ritmo operativo en su planta de Río Grande. La situación generó repercusiones directas en el plano laboral: en octubre de 2023, la firma finalizó alrededor de 80 contratos temporarios en la ciudad, en un contexto marcado por la interrupción temporal de líneas de producción que no disponían de los componentes esenciales para continuar operando con normalidad.

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