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El Gobierno nacional estudia ampliar el alcance de las sanciones previstas en la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y analiza incorporar otras actividades económicas desarrolladas en las Islas Malvinas, entre ellas la pesca.
La posibilidad fue abordada durante la última reunión de la mesa política del Gobierno y supondría introducir modificaciones a la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”. Actualmente, esa normativa establece sanciones para actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina realizadas sin autorización nacional.
La incorporación de la actividad pesquera tomó fuerza luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei. Desde sectores del peronismo reclamaron que el endurecimiento de las sanciones también alcance a quienes participan de la explotación de los recursos pesqueros en torno a las Islas Malvinas. El jefe del bloque, Germán Martínez, llevó el planteo al Congreso.
El Poder Ejecutivo tiene previsto enviar el proyecto al Congreso el próximo lunes y todavía analiza la modalidad con la que presentará la iniciativa. Entre las posibilidades se encuentra que los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, participen de la presentación para explicar los principales puntos del articulado.
La intención del Gobierno es que la iniciativa comience a tratarse en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre, con la expectativa de conseguir un rápido avance parlamentario.
La discusión se desarrolla mientras el Ejecutivo profundiza las acciones contra empresas y personas relacionadas con actividades hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales en las Islas Malvinas, especialmente aquellas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.
Milei aseguró que, desde el anuncio realizado en cadena nacional, el Gobierno ya inició procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operarían directa o indirectamente en la cuenca Malvinas sin autorización argentina. La futura legislación también buscará impedir que quienes presten servicios a compañías involucradas en la explotación considerada ilegal puedan contratar con el Estado o con privados en el país.
La ofensiva en materia de soberanía se complementa con el anuncio de la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento estará contemplado dentro del Presupuesto 2027. El Gobierno sostiene que la reasignación de recursos necesaria para avanzar con el proyecto no afectará el superávit fiscal.
De concretarse la incorporación de la pesca, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ampliaría considerablemente su alcance, al avanzar no solamente sobre la explotación de hidrocarburos sino también sobre otra de las principales actividades económicas desarrolladas alrededor de las Islas Malvinas.
