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El Gobierno de Javier Milei anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, por presuntas infracciones a la Ley 26.659.
La presentación se realizará ante la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La acción alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según lo informado oficialmente, tres de esas compañías —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido autorizaciones del Reino Unido para realizar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, en el marco del proyecto Sea Lion.
Para el Gobierno argentino, esas autorizaciones vulnerarían la legislación nacional que regula la explotación de los recursos naturales situados en torno a las Islas Malvinas.
La denuncia también comprenderá a directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hayan tenido participación en los hechos que serán investigados.
La Ley 26.659 establece sanciones para quienes desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la decisión tiene como objetivo “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La denuncia penal profundiza las medidas anunciadas el viernes pasado, cuando el Gobierno comunicó que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
Las actuaciones no estarán dirigidas únicamente contra las empresas que participan directamente de las operaciones, sino también contra accionistas y compañías que habrían prestado servicios vinculados con esos proyectos.
La decisión apunta especialmente al avance de Sea Lion, yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y encabezado por Navitas Petroleum, con una participación del 65%, junto con Rockhopper Exploration, que posee el 35%.
El proyecto fue descubierto en 2010 y se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. A fines de 2025, las compañías adoptaron la decisión final de inversión para avanzar con su primera etapa.
La Cancillería argentina ya había rechazado esa decisión y calificó a las compañías como licenciatarias ilegítimas por operar sin autorización nacional.
Con la nueva denuncia penal, el Gobierno busca endurecer la respuesta argentina frente a la explotación de recursos naturales en el área de Malvinas y anticipó que continuará impulsando acciones ante actividades que considere contrarias a los derechos soberanos del país.
