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Tierra del Fuego prepara una nueva herramienta legal para desalentar el corredor marítimo que conecta Punta Arenas, Chile, con las Islas Malvinas. La iniciativa apunta a sancionar económicamente a las empresas que utilicen infraestructura y aguas vinculadas con la provincia para contribuir al abastecimiento del archipiélago.
La medida, impulsada por la administración de Gustavo Melella, se enmarca en la disputa argentina por la soberanía de las islas y busca elevar los costos de las operaciones que, según el Gobierno fueguino, favorecen la actividad económica y la explotación de recursos de Malvinas.
La provincia de Tierra del Fuego trabaja en un proyecto de ley destinado a tipificar y sancionar el uso de infraestructura vinculada con el corredor marítimo entre Punta Arenas y Malvinas. Así lo explicó Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, quien señaló que el objetivo es encontrar mecanismos que permitan desalentar estas operaciones mediante sanciones económicas.
Según el funcionario, la iniciativa también contempla analizar la aplicación del Decreto 256, que establece disposiciones relacionadas con el contacto entre el territorio continental argentino y las islas.
Dachary sostuvo que la ruta marítima atraviesa sectores considerados parte de las aguas jurisdiccionales de Tierra del Fuego y del Mar Argentino, antes de alcanzar las aguas territoriales de las islas.
Para el Gobierno fueguino, el corredor desde Chile no representa únicamente una cuestión logística. La preocupación central está puesta en el impacto que puede tener sobre la economía de las Islas Malvinas.
Dachary sostuvo que facilitar el abastecimiento permite reducir costos y fortalecer la explotación económica del archipiélago. Desde esa perspectiva, Tierra del Fuego busca que las actividades vinculadas con Malvinas sean progresivamente más costosas.
El funcionario planteó que el objetivo político consiste en generar condiciones para una eventual reapertura de las negociaciones por la soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
Uno de los principales factores que explican la preocupación fueguina es el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Actualmente, según los datos citados por Dachary, alrededor del 58% del producto de las islas proviene de las licencias de pesca, actividad desarrollada principalmente por buques de bandera de España, Corea del Sur y Taiwán.
La eventual expansión de la actividad petrolera podría modificar ese escenario y generar nuevos ingresos para las islas, con el potencial de aumentar su autonomía económica.
Desde la mirada del funcionario fueguino, una economía más autosuficiente podría dificultar los objetivos argentinos en torno a la cuestión de soberanía. En particular, advirtió que mayores ingresos provenientes de los hidrocarburos podrían reducir la presión económica que Londres enfrenta para sostener su presencia en el Atlántico Sur.
Dachary vinculó esta situación con la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llama a ambos países a negociar una solución.
El anuncio del corredor marítimo entre Punta Arenas y Malvinas se produjo en un contexto particular de la relación bilateral entre Argentina y Chile. La iniciativa tomó relevancia luego de que, durante la visita de Javier Milei a Chile, se difundiera una declaración en la que el Gobierno chileno respaldó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.
Sin embargo, Dachary marcó diferencias entre la postura oficial de la Cancillería chilena y la de algunos funcionarios locales de ese país, a quienes cuestionó por mantener posiciones que consideró favorables a los intereses británicos.
En ese sentido, el funcionario fueguino mencionó incluso situaciones vinculadas con la participación o recepción de representaciones de las islas en actividades deportivas.
La postura de la provincia también incluye cuestionamientos al cambio de política del Gobierno de Javier Milei respecto de Malvinas. Dachary recordó que, dos años atrás, la administración nacional había respaldado el acuerdo alcanzado entre la entonces canciller Diana Mondino y el funcionario británico David Lammy, que contemplaba medidas vinculadas con vuelos, cooperación pesquera y otros aspectos de la relación con las islas.
Según el funcionario fueguino, ese enfoque era diferente al que actualmente sostiene la provincia.
Tierra del Fuego afirma, además, que viene advirtiendo a la Cancillería argentina sobre el avance de la explotación de hidrocarburos en Malvinas y que incluso presentó una denuncia contra empresas petroleras vinculadas con esas actividades.
Dachary cuestionó las razones del cambio de postura del Gobierno nacional y planteó la posibilidad de que haya existido “oportunismo político”. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que el nuevo posicionamiento responda a un cambio genuino de estrategia.
La iniciativa que prepara Tierra del Fuego suma así un nuevo capítulo a la histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. El proyecto busca utilizar herramientas provinciales para encarecer las operaciones logísticas que favorecen el funcionamiento económico del archipiélago, mientras la provincia advierte sobre el potencial impacto que tendría el desarrollo de los hidrocarburos.
El desafío será determinar hasta dónde puede avanzar la provincia en materia de sanciones y cómo reaccionarán las empresas involucradas, Chile y el Gobierno nacional ante una medida que podría incrementar las tensiones diplomáticas y económicas en torno al Atlántico Sur.
FUENTE: PÁGINA 12
