La Provincia rechazó la intervención del puerto de Ushuaia y anunció acciones judiciales

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur difundió este miércoles un comunicado oficial en el que fijó su postura institucional frente a la intervención del puerto de Ushuaia, ocurrida el 21 de enero. En el documento, la Provincia desarrolla cinco ejes centrales y sostiene que la medida carece de justificación técnica, administrativa y operativa.

Según el texto, no existen razones objetivas que avalen una intervención de esa magnitud y se advierte una contradicción en el propio acto administrativo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que primero inhabilita la operación de la terminal y luego deja sin efecto esa inhabilitación en artículos posteriores. Para el Ejecutivo fueguino, esa inconsistencia evidencia la falta de sustento de la decisión.

El comunicado remarca además que el puerto crece y funciona con normalidad, con una temporada récord en marcha: se esperan más de 525 recaladas de cruceros y buques en general. En las últimas semanas se alcanzaron máximos históricos de arribo, con 16 embarcaciones internacionales atendidas en menos de 24 horas y más de 30 en una semana, por donde circularon más de 30 mil personas entre pasajeros y tripulantes. También se destacan inversiones recientes, como la extensión de 104 metros del muelle, que permitió duplicar la capacidad operativa en simultáneo.

Otro de los puntos señala que ninguna decisión legislativa afectó al puerto: si bien la Legislatura aprobó por unanimidad la Ley Provincial N.º 1596, que prevé el uso de superávit portuario para fortalecer la OSEF, no se realizó ningún traspaso de fondos desde la terminal. En ese marco, el Gobierno provincial cuestiona la instalación de “narrativas preocupantes” sobre supuestas intencionalidades geopolíticas o económicas no explicitadas y afirma que los interventores no pudieron presentar informes técnicos que expliquen el alcance de la medida.

Finalmente, la Provincia informó que mantiene diálogos con las máximas autoridades nacionales para exigir explicaciones y una solución inmediata, pero confirmó que avanzará en paralelo con un reclamo judicial. El comunicado concluye que la intervención constituye un avasallamiento a la autonomía provincial, garantizada por la Constitución Nacional, y advierte que la decisión impacta de manera directa en el trabajo y el normal desarrollo de la actividad productiva fueguina.