Gremialistas procesados tras balacera en Ushuaia

La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia confirmó los procesamientos contra dos conocidos gremialistas de Tierra del Fuego, Maximiliano Bernabé Perpetto y Ramón “Moncho” Calderón, por su participación en una violenta balacera ocurrida a la salida de un acto del Partido Justicialista en octubre de 2024. El tribunal también rechazó una oferta económica para evitar el juicio.

El hecho tuvo lugar el 26 de octubre de 2024, frente a un grupo de afiliados al sindicato de Camioneros. Según reconstruyó la Justicia, Maximiliano Perpetto, secretario general del Sindicato de Guincheros, extrajo un arma de fuego y disparó al menos cuatro veces a menos de dos metros de distancia, hiriendo en la pierna al camionero Tomás Nieto. Uno de los proyectiles atravesó su muslo derecho, generando una herida con orificios de entrada y salida.

Otros disparos impactaron contra vehículos que se encontraban en las inmediaciones, una Toyota Hilux y una Renault Oroch sufrieron daños por el fuego cruzado, lo que agravó aún más la situación judicial del acusado.

Perpetto fue procesado por los delitos de abuso de armas, daños y portación ilegítima de arma de fuego. Su defensa intentó cerrar el proceso mediante un acuerdo reparatorio que incluía el pago de 10 millones de pesos, propuesta que fue rechazada por mayoría en la Cámara.

Por su parte, Ramón “Moncho” Calderón, secretario general del gremio gastronómico (UTHGRA) y figura reconocida dentro de la CGT fueguina, está imputado por encubrimiento. Según el fallo, Calderón ayudó a Perpetto a huir de la escena del crimen. Primero lo trasladó en un Audi coupé hasta el barrio Ecológico de Ushuaia y luego lo ayudó a cambiar de vehículo por una Toyota Hilux en la que ambos intentaron escapar hacia Tolhuin.

Fueron finalmente interceptados cerca del puesto policial de José Menéndez, donde Perpetto fue detenido tras emitirse una orden judicial de captura. Se sospecha que durante el trayecto, el arma utilizada en el ataque fue descartada en un área boscosa.

El camarista Sergio Dieguez argumentó que la gravedad del hecho impedía la aplicación de un acuerdo reparatorio, señalando que “dos de los disparos impactaron en vehículos que ocasionalmente transitaban por el lugar, con riesgo cierto para terceros”.

Aunque la jueza Paola Caucich adhirió a esta postura, el camarista Andrés Leonelli se manifestó en disidencia, considerando que debía haberse permitido el trámite del acuerdo si las víctimas aceptaban.

La situación de Calderón también se complica: su procesamiento fue ratificado tras una apelación rechazada, y en caso de quedar firme, podría enfrentar un juicio oral. Su abogado aún tiene una instancia de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia.