La Cámara anuló un polémico allanamiento ordenado por el juez González

La Justicia de Tierra del Fuego cuestionó con dureza el accionar del juez de Familia N.° 1 de Río Grande, Fernando González, quien en abril pasado ordenó un procedimiento policial desmedido en una causa civil iniciada por un reclamo de “compensación económica”.

Por instrucción del magistrado, efectivos policiales irrumpieron en el domicilio de un vecino, lo esposaron, lo requisaron e identificaron a todos los ocupantes de la vivienda. Además, incautaron teléfonos y documentación, en un operativo que rápidamente generó indignación pública al tratarse de un expediente de naturaleza civil.

Frente a esta situación, la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones —integrada por los jueces Capelloti, Satini y Gutiérrez— anuló la medida y la calificó como “desproporcionada, carente de fundamentos y dictada sin respetar las garantías básicas del debido proceso”. En su fallo, los camaristas ordenaron la devolución inmediata de los bienes secuestrados.

La defensa del afectado, a cargo de la abogada Violeta Coronel, había denunciado el exceso y presentó el caso ante el Consejo de la Magistratura, que consideró la conducta del juez como “grave”, aunque no constitutiva de delito. Ahora, será el Superior Tribunal de Justicia el que evalúe si corresponde aplicar sanciones administrativas contra González.

Los camaristas también remarcaron que el magistrado se apartó de los límites del fuero civil, cuando existían alternativas mucho menos invasivas para la obtención de pruebas. La defensa, por su parte, sostiene que hubo parcialidad a favor de la denunciante y no descarta solicitar el apartamiento del juez de la causa.