Una petrolera británica sancionada por operar en Malvinas avanza en negocios en Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro

La compañía, embargada en 2012 y con incautaciones de activos y cuentas bancarias ordenadas por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, en 2015, hoy participa en proyectos estratégicos de hidrocarburos en distintas provincias.

Según consta en documentos oficiales y registros públicos, la firma utilizó fusiones, alianzas y adquisiciones para quedarse con cinco importantes operaciones petroleras en Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Entre ellas, el proyecto off shore Fénix, ubicado al sur de Ushuaia, donde el gobernador Gustavo Melella inicialmente rechazó su ingreso, pero luego otorgó la concesión. Esta decisión, advierten especialistas, podría traer consecuencias legales por habilitar a una empresa que violó durante una década la soberanía nacional.

La actividad petrolera sin autorización en la plataforma continental argentina está prohibida por la Ley 26.659 y su modificatoria 26.915, que excluyen por hasta 20 años a las empresas que operen ilegalmente y establecen sanciones penales para directivos y accionistas. Sin embargo, Premier Oil explotó el yacimiento Sea Lion, a 218 kilómetros de las Malvinas, entre 2012 y 2022, ignorando advertencias y sanciones de la Argentina.

En 2017, fusionada con la británica Chrysaor Holdings, pasó a operar bajo el nombre Harbour Energy. Pese a reconocer la legislación argentina y vender sus activos en Malvinas a la israelí Navitas Petroleum, heredó los activos, licencias, deudas y sanciones de Premier Oil. “La Ley 26.659 establece que una empresa sancionada no puede operar en el territorio nacional. Legalmente, Harbour no llegó a ser sancionada porque se retiró antes del proyecto, pero ella surge de la fusión de una empresa (Premier Oil) que sí lo estaba”, explicó a Tiempo Argentino el exsecretario de Malvinas, Guillermo Carmona.

Su desembarco en la Argentina se concretó en septiembre de 2024, tras la compra de las operaciones globales de Wintershall Dea por 11.800 millones de dólares, que incluyó yacimientos en Vaca Muerta, proyectos off shore en Tierra del Fuego y el consorcio Southern Energy en Río Negro, asociado con YPF, PAE, Pampa Energía y Golar LNG para exportar GNL.

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck impulsa leyes para permitir su operación en el Golfo San Matías, con el respaldo del Gobierno nacional, que en mayo la incorporó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por 30 años. Esto generó el rechazo de la legisladora Magdalena Odarda, quien advirtió que “conociendo los antecedentes y entramado societario de Harbour Energy, el Gobierno provincial se convierte en autor de graves delitos por fraude a la Ley argentina” y anunció que pedirá una investigación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.