Nación envió al Congreso los proyectos de Ley para impulsar el uso de los dólares “del colchón”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Gobierno ya envió al Congreso de la Nación los proyectos de ley que apuntan a fomentar la regularización de activos no declarados y modificar el marco legal vigente en materia de delitos económicos. Según precisó el funcionario, el texto ingresó por vía electrónica tras haber sido firmado por él y por el presidente Javier Milei en la noche previa a su declaración pública.

En declaraciones a Radio La Red, Francos explicó que el contenido del proyecto incluye cambios normativos vinculados con los montos establecidos en la Ley Penal Económica, la prescripción de delitos y otros aspectos orientados a dar seguridad jurídica a quienes posean ahorros no declarados. El funcionario remarcó que el objetivo central de esta iniciativa es permitir que estos fondos puedan integrarse a la economía sin enfrentar penalidades derivadas de legislaciones anteriores.

El ministro explicó que la iniciativa busca atender la situación de muchos ciudadanos que, ante años de inestabilidad macroeconómica, optaron por conservar sus ahorros en dólares fuera del sistema formal. “La protección de los ahorros de los argentinos” fue una de las expresiones que utilizó Francos al describir el espíritu del texto enviado al Parlamento. Según indicó, se apunta a regularizar lo que definió como “los dólares del colchón”, en referencia a los fondos mantenidos por fuera del circuito bancario o financiero tradicional.

El jefe de Gabinete evitó dar precisiones sobre el nombre oficial del proyecto de ley, aunque confirmó que el contenido se centró en asegurar condiciones para que aquellos que realicen gastos con fondos propios y ahorros no queden sujetos a sanciones previstas por normas anteriores. Además, señaló que la legislación busca reducir los plazos de prescripción de ciertos delitos, como una de las herramientas para brindar garantías a los eventuales participantes del régimen.

Francos afirmó que el nuevo marco busca incentivar el vuelco de esos fondos a la actividad económica. “Queremos que eso se vuelque a la actividad económica para generar crecimiento", dijo al explicar el espíritu de la iniciativa. En su intervención, utilizó como ejemplo la conducta de quienes, en décadas pasadas, buscaron preservar el valor de su dinero recurriendo al mercado informal de divisas, debido a las restricciones cambiarias y los procesos inflacionarios recurrentes.

El funcionario se refirió a estos recursos como “un canuto, que lo guardaban y que no tenían dólares", y argumentó que la decisión de impulsar una legislación que contemple este tipo de situaciones responde a una visión que reconoce la realidad económica y cultural del país.

Durante su intervención, el ministro no precisó si la ley incluirá un blanqueo de capitales en los términos tradicionales, pero sí destacó que el texto firmado por el Ejecutivo contempla “modificaciones de normativa vigente” y apunta a legalizar ciertos comportamientos del pasado. También mencionó que estas modificaciones podrían tener impactos en el sistema tributario, aunque no abundó en detalles sobre ese aspecto.

El contenido completo del texto legislativo no fue divulgado en detalle, pero el funcionario insistió en que su eje principal es brindar garantías legales para la utilización de ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema. También mencionó que se busca eliminar obstáculos legales que podrían disuadir a los potenciales usuarios del nuevo régimen.

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de incrementar la base monetaria sin emisión, apelando a recursos existentes en el país que hasta ahora no fueron incorporados al circuito económico formal. El objetivo, según se desprende de las declaraciones del jefe de Gabinete, es que estos fondos contribuyan a estimular la inversión y el consumo, en lugar de mantenerse inmovilizados por temor a eventuales sanciones legales.

Francos también sostuvo que muchos de los ahorristas que recurrieron al mercado informal no tenían una intención delictiva, sino que actuaban motivados por la necesidad de proteger el valor de sus recursos frente a la inflación y la volatilidad cambiaria. Por ese motivo, consideró razonable que el Estado habilite condiciones para que esos fondos puedan ser reutilizados sin riesgo de sanciones retroactivas.