Diputados convocó a una sesión para declarar la emergencia en discapacidad

Luego de garantizarse el dictamen de mayoría, la oposición en la Cámara de Diputados convocó una sesión para declarar la emergencia en el sector de discapacidad en todo el país. Será el próximo jueves 29 de abril a las 11 horas y, en caso de que obtenga media sanción, deberá pasar a votarse en el Senado. El Gobierno rechaza la propuesta pero admitió la necesidad de reformar el actual sistema de auditorías, aunque no anunció un nuevo esquema en medio de la parálisis del otorgamiento de pensiones.

La emergencia establece la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) y los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023. A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.

"Todo indica que la semana que viene vamos a tratar en el recinto en la Cámara de Diputados y vamos a aprobar la ley de Emergencia en Discapacidad", planteó el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), autor de proyecto. "No hay más tiempo, hay desesperación, hay angustia, hay muchas familias que la están pasando mal", consideró y señaló que "es de pura justicia y es de pura humanidad".

La convocatoria, así como el proyecto, cuenta con los respaldos de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica. Al no incluir otras propuestas en el temario, y pese a que se cuenta con el respaldo de otros diputados (el Frente de Izquierda y miembros de la Unión Cívica Radical), la sesión podría correr riesgo de no iniciar por falta de quórum si no hay asistencia perfecta de las bancas que acompañan la emergencia.

La Agencia Nacional de Discapacidad rechaza la emergencia en discapacidad
Minutos después de conocerse el respaldo mayoritario de la oposición legislativa a la emergencia en discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitió un comunicado en donde "manifiesta su enérgico rechazo al proyecto" al entenderla como "una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión".

La ANDIS interpreta que "la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social".

En el documento, critican la última gestión por el deterioro del poder adquisitivo de las pensiones, "en cambio, este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan". "Es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los ámbitos de la sociedad", concluye ANDIS.

Gobierno establecerá nuevos controles para las auditorías de las pensiones por invalidez
El Gobierno de Javier Milei derogó la Resolución 187/2025, emitida el pasado 16 de enero con el objetivo de regular y auditar las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Desde el Ejecutivo detallaron que el proceso de revisión continuará bajo un nuevo procedimiento que se confirmaría en las próximas semanas. La derogación se formalizó este martes tras la publicación de la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el Boletín Oficial.

Según detallaron el los considerandos de la Resolución, el cambio se debe a que "se han identificado diversas observaciones y oportunidades de mejora en los criterios de evaluación contenidos en dicho Baremo", en referencia al procedimiento establecido en enero del año corriente. Desde Casa Rosada hicieron hincapié especialmente en lo "referido a la incorporación de referencias a normativas internacionales".