Causa ambiental: Río Chico en la mira judicial

La Justicia de Tierra del Fuego avanza en una causa ambiental que involucra a la empresa Río Chico SA/Ipesa por el acopio ilegal de 150.000 bolsones de plástico industrial en un predio no habilitado a la entrada de Ushuaia. Tras la denuncia publicada en mayo por el Diario del Fin del Mundo, la firma presentó un plan de acondicionamiento ambiental para intentar mitigar los graves efectos ocasionados al entorno natural fueguino.

La acumulación sin control de bolsas de pellets de resina plástica a cielo abierto en las afueras de Ushuaia encendió las alarmas de vecinos, ambientalistas y autoridades locales. El material, altamente contaminante, se encontraba disperso en una zona próxima al bosque nativo de lengas y al río Olivia, lo que generó una fuerte preocupación pública.

El caso, iniciado tras una investigación del Diario del Fin del Mundo en mayo de 2024, derivó en una causa judicial (N° 44897/24) que hoy está en manos del Juez Sergio Pepe y del Fiscal Fernando Ballester Bidau. Ante la presión mediática y judicial, Río Chico SA/Ipesa, empresa responsable junto con Transisland, presentó un Plan de Acondicionamiento Ambiental que actualmente es evaluado por el Poder Judicial fueguino.

Entre las medidas destacadas del plan, se incluye el traslado de 55.000 bolsas de pellets al Parque Industrial de Río Grande, lugar habilitado para ese tipo de almacenaje. Además, se realizó la delimitación del predio original con una calle de más de 30 metros de ancho para aislarlo del bosque y se construyó una barrera perimetral con contenedores vacíos de más de 6 metros para frenar la propagación del material.

Los pellets, muchos de los cuales se encontraban esparcidos por el viento y la lluvia, ocuparon 7.800 metros cuadrados de superficie. El plan también contempla la limpieza artesanal del predio y del curso de agua lindero, así como el retiro de la capa superficial del suelo mediante maquinaria especializada, en un intento por eliminar los restos de resina.

Cabe destacar que, según informaron los Bomberos Voluntarios de Ushuaia, el predio no contaba con medidas de seguridad ni habilitación alguna para este tipo de actividad. En su informe, remarcaron que el acopio representaba un riesgo tanto para el ambiente como para la población cercana.

Hasta el momento, no se aplicaron sanciones económicas a las empresas involucradas, pero la Justicia deberá determinar si las acciones emprendidas por Río Chico SA/Ipesa y Transisland alcanzan para mitigar el daño ya causado y si cumplen con la legislación ambiental vigente, incluyendo la Ley General del Medio Ambiente.

Por ahora, la empresa sostiene que el plan cumple con los requerimientos legales y busca preservar los recursos naturales fueguinos. La última palabra la tendrán el juez y el fiscal, quienes deberán decidir sobre la responsabilidad penal y ambiental de las empresas y del Estado ante una omisión que permitió, durante meses, un almacenamiento irregular a gran escala.