Una deuda de $150 mil terminó en más de cuatro millones: investigan una estafa financiera en Río Grande

En diálogo con FM del Pueblo, el abogado Francisco Javier Giménez relató el caso de una vecina de Río Grande que fue víctima de una presunta estafa por parte de una financiera sin habilitación legal. Según explicó, la mujer había solicitado un crédito de 150 mil pesos y terminó con una ejecución judicial por una deuda que, según consta en el expediente, superó los 4 millones.

“Hace un año aproximadamente, esta chica se entera que había sido ejecutada por el crédito que no había abonado en su totalidad”, comenzó Giménez. “Sacó un crédito de 150 mil pesos para abonar en cuotas de alrededor de 80 mil, en cuatro cuotas de 80 mil. Casi más de un 100% de interés en cuatro meses, un interés misurero”, detalló.

El abogado explicó que la mujer recurrió insistentemente a esa financiera, que operaba sin ningún tipo de habilitación, ni municipal ni del Banco Central de la República Argentina. El conflicto escaló cuando una oficial de justicia se presentó en su domicilio para secuestrarle su único vehículo, que posteriormente fue rematado.

“Cuando chequeamos el expediente, la deuda de 150 mil se transformó en cuatro millones y pico de pesos por todo concepto. Es ahí donde vimos que el pagaré había sido llenado con otra cifra distinta: más de 800 mil pesos. Casi cuatro veces más del valor que sacó”, indicó Giménez. A partir de esa irregularidad, se radicó la denuncia judicial.

Aunque en primera instancia fue rechazada, la Cámara revocó esa decisión teniendo en cuenta la “situación de vulnerabilidad de esa mujer, económica y emocional”, y ordenó continuar con la investigación. “Esto culminó con el alzamiento en estos días y el secuestro de importante documentación que respalda la versión de la víctima”, explicó.

Consultado sobre la legalidad de firmar un pagaré en blanco, Giménez aclaró: “En principio es lícito, está contemplado dentro del Código Civil. Pero debe ser firmado con el monto realmente prestado, esto es, 150 mil pesos, no otro. La conducta delictiva se da cuando se abusa de la confianza de la persona y se completa con un monto superior”.

En este caso, la mujer presentó comprobantes de la transferencia bancaria por 150 mil pesos, así como el recibo firmado por ese mismo monto. “No hay forma alguna de justificar los 800 mil pesos, y mucho menos cómo se llegó a más de cuatro millones de pesos de deuda”, remarcó el abogado.

Sobre la naturaleza de estas financieras, Giménez fue tajante: “No son financieras como las que vemos en el centro de la ciudad, con cartel, administración, secretaria uniformada, todo como corresponde. Son directamente cuevas donde recurren personas en alto grado de desesperación, absolutamente vulnerables. No solo económicamente, sino también psicológicamente”.

Y agregó: “Una persona que recurre ahí es porque está a punto de perder todo. Son comerciantes que quieren mantener su negocio, evitar despidos, personas que ya no tienen acceso al crédito tradicional ni siquiera en otras financieras legales. El resultado siempre es el mismo: pierden absolutamente todo”.

La gravedad del caso no se agota en esta víctima. “Son cientos las ejecuciones de esta empresa, esta financiera trucha. Los damnificados en nuestra ciudad deben ser cientos. Tienen que ponerse en contacto con su abogado de confianza y no quedarse en el ‘ya perdí todo’”, exhortó Giménez.

Además, reveló que hay evidencia que podría configurar otros delitos: “Estamos frente a conductas que han evadido impuestos del AREF. La justicia federal debería ponerle atención a este tipo de cuevas: de dónde sacan el dinero, cómo lo blanquean, cuáles son sus bienes. Son males endémicos de nuestra sociedad en tiempos de crisis económica”.

Consultado sobre el accionar de la otra parte, indicó: “No se han presentado. A pesar de que ya hace más de un año que hicimos la denuncia, recién ahora se allanaron las instalaciones. Están identificados y serán indagados. Ya se les tomó la foto de rigor para su prontuario”.

Finalmente, precisó que la víctima no logró recuperar su vehículo: “Perdió todo, anda en Uber o a pie. Pero insisto: quienes recurren a estas cuevas lo hacen en un estado de desesperación total. Y estas personas se nutren de esa clientela para mantener su estilo de vida. No tengo nada en contra de eso, mientras sea legal y no sea abusando o estafando gente bajo una fachada”.

La cueva en cuestión fue identificada como Prendacheck, que según el abogado ni siquiera figura en el sitio web oficial del Banco Central, aunque sí promociona sus servicios de crédito en redes sociales como Facebook.