Obligan a un preso a pagar la cuota alimentaria a su hijo
El juez ordenó que el padre, pese a estar detenido, aporte económicamente la cuota alimentaria a su hijo de un año de edad. Si incumple, la responsabilidad recaerá sobre los abuelos paternos.
El Juzgado de Familia de Cipolletti dictó una resolución que establece una cuota alimentaria a favor de un niño de un año, cuyo padre se encuentra actualmente preso en una alcaidía de La Pampa. Además, en caso de que el progenitor no cumpla con su obligación, la medida prevé que los abuelos paternos deban contribuir con un porcentaje de sus jubilaciones.
De acuerdo con la resolución, el hombre —que trabajaba como albañil antes de ser arrestado— no aportaba económicamente al sustento de su hijo desde principios de 2024. Esta situación motivó a la madre del pequeño, quien reside en Cipolletti y se mantiene elaborando comidas caseras, a solicitar intervención judicial para reclamar una cuota alimentaria.
Pese a no contar con ingresos formales por su condición de detenido, el magistrado dispuso que el padre deberá abonar una suma equivalente al salario mínimo, vital y móvil. Para fundamentar su decisión, el juez tomó en cuenta que el padre se encuentra en edad laboral y tiene capacidad para obtener ingresos, así como también consideró que la madre cubre sola las tareas de cuidado, lo que se computa como un aporte económico según lo establecido por el Código Civil y Comercial.
La sentencia también activa la figura de la obligación subsidiaria, dirigida a los abuelos paternos del niño, quienes no tienen contacto con él ni respondieron a la demanda judicial. En caso de incumplimiento por parte del padre, cada uno deberá entregar el 10% de su haber previsional. En el caso de la abuela, su compromiso se hará efectivo una vez que comience a percibir su jubilación.
El fallo subraya que esta medida se enmarca en el principio de solidaridad familiar y solo entra en vigencia si el padre no cumple con lo establecido. En caso de que regularice los pagos, los abuelos podrán solicitar su desvinculación de la obligación.
Desde el juzgado remarcaron que el objetivo central de la decisión es proteger los derechos y el bienestar del niño, más allá de las limitaciones o circunstancias particulares que atraviesen los adultos responsables de su manutención.
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