Desde el 25 de julio y hasta mañana los países miembros de la Convención para los Derechos del Mar se encuentran reunidos en Jamaica para definir la publicación del Código Minero para el desarrollo de la minería submarina. Mientras cinco países piden detener el avance indefinidamente y otros veinticinco piden una moratoria de quince años, hasta tanto se tenga suficiente información científica sobre los efectos en el ambiente, Argentina pide por el “reglamento de explotación” al igual que China.

“Reiteramos que es necesario el cumplimiento de las normas de la CONVEMAR relativas a la transferencia de tecnología a países en desarrollo, requisito indispensable para que éstos puedan emprender las actividades de exploración y explotación de los nódulos polimetálicos, sulfuros polimetálicos y costras de ferromanganeso ricas en cobalto en los fondos marinos.

“En este sentido, geólogos de diferentes agencias estatales argentinas han participado en cursos de entrenamientos provistos por contratistas, conforme a sus contratos de exploración con la Autoridad. Durante el 2019 se han mantenido reuniones con estos geólogos y funcionarios de la Secretaría de Política Minera.

“En vistas de los resultados de tales cursos, nuestro país ha promovido la recepción en el proyecto de reglamento de explotación de mecanismos que contribuyan a la creación de capacidades de los países en desarrollo”, señaló el representante de Argentina, Fernando Andrés Marán en la 29º Reunión Anual ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA).
“Argentina se une a China para solicitar que se acelere la adopción de un código internacional para el pronto inicio de la minería submarina”, advirtieron desde el sitio del Círculo de Políticas Ambientales.

La minería submarina considera extraer minerales desde las profundidades del mar a profundidades de 200 metros o más, en aguas internacionales. Si bien ya hay en marcha proyectos de exploración, hasta ahora ninguno avanzó a la etapa de extracción. Estos proyectos de exploración fueron aprobados por la ISA que es la organización internacional conformada por todos los países que son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que regula la exploración minera en aguas internacionales.

Los proyectos de exploración aprobados fueron para tres tipos de minerales: los nódulos polimetálicos; los sulfuros polimetálicos y las costras de ferromanganeso con alto contenido de cobalto.

“Hasta el 31 de enero de 2024, estaban en vigor 31 contratos de exploración en todo el mundo, de los cuales 19 corresponden a nódulos polimetálicos, siete a sulfuros polimetálicos y cuatro a costras de ferromanganeso con alto contenido de cobalto. Estos proyectos de exploración se encuentran principalmente en la zona Clarion-Clipperton, la Cuenca de Perú, el Océano Índico y el Atlántico Sur”, informó Mongabay.

Por estos días y hasta mañana se discute en Jamaica la aprobación del Código para la explotación. Entre los veinticinco países que han pedido una moratoria de quince años se encuentran Chile, Ecuador, Costa Rica y Brasil, mientras que otras cinco naciones: México, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá y el Reino Unido han solicitado una pausa indefinida. Por su parte el Parlamento Europeo exhortó también a la Comisión y a los Estados miembros a que se establezca una pausa a nivel internacional.

Quienes se resisten a la aprobación del Código consideran que es indispensable conocer más acerca de los efectos sobre el medio ambiente que puede generar esta actividad: “El océano es capaz de capturar entre el 30 y el 50% del CO2 antropogénico que hay en la atmósfera a través de diferentes procesos. El océano lo secuestró por miles y millones de años y ese carbono está en los sedimentos. Entonces no se tiene mucha idea de si estas actividades pueden afectar o pueden liberar este CO2 y amplificar los efectos del cambio climático”, le manifestó la investigadora chilena, Laura Ramajo, a Mongabay.

Pese a la oposición de varias naciones, la AIS ya en marzo comenzó a trabajar sobre el reglamento de explotación y cuenta con el apoyo de potencias como China y de países como la Argentina, que bajo este nuevo gobierno, no ha ocultado su desprecio por el conocimiento científico respecto del cambio climático. Mucho menos son tenidos en cuenta los efectos que esta actividad puede tener sobre los recursos pesqueros.