La causa judicial que investiga presuntas torturas contra soldados argentinos cometidas por jefes militares de la propia tropa durante la guerra de Malvinas sumó “mil fojas” desde su paralización a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva si se trata o no de delitos de “lesa humanidad”, confirmaron fuentes judiciales.

El expediente que se tramita desde 2007 ante el Juzgado Federal de Río Grande, aguarda desde hace 19 meses -concretamente, desde diciembre de 2021- un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, aunque lejos de estar paralizada, continúa acumulando evidencias.

La jueza Mariel Borruto, a cargo de la investigación, informó que la decisión de fondo, acerca de si los delitos están o no prescriptos por el paso del tiempo, no impide recibir nuevas denuncias e incluso hacer lugar a medidas probatorias.

“Seguimos sumando denuncias y testimonios. Eso no se detuvo nunca. Incluso si hay pruebas que son conducentes las promovemos. Lo que no hacemos es llamar a nuevas indagatorias hasta que se expida la Corte”, explicó Borruto a Télam.

Mil hojas

“Desde que el expediente está en la Corte se han sumado unas mil fojas. Recibimos denuncias de otras provincias, como Chaco, que son tomadas vía Zoom. Las audiencias se graban con audio y video, y después se transcriben al expediente con el uso de aplicaciones de inteligencia artificial supervisadas por personal del Juzgado”, detalló la jueza.

Borruto sostuvo que, a su entender, el cuadro probatorio reunido resulta “contundente”.

“Yo he tomado una postura y por eso firmé los primeros procesamientos. Ahora la discusión es si se trata o no de delitos de lesa humanidad. Nosotros entendimos que sí. Incluso argumentamos que la fecha de prescripción (si la hubiera) debería ser a partir de 2015, cuando se desclasificaron los documentos militares que sirvieron de prueba durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, analizó la magistrada.

La investigación por supuestas torturas a soldados en Malvinas tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos e impulsó las denuncias en el juzgado fueguino.

En la causa siempre convivieron opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los conscriptos, o si en cambio se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares partícipes de la guerra.

Fuente: Télam.