Martínez Allende señaló que amén de los fondos que ya destinó el Ejecutivo fueguino, “es necesario hacer el incremento” que coloca la contribución patronal en un 9% mensual. Asimismo, consideró que es preciso dar lugar a la auditoría para conocer “cuál es su situación y cuál es la real necesidad de fondos que tiene”, más allá del incremento sancionado. En este mismo sentido, la Legisladora ponderó que se “cumplió el compromiso de no hacer ningún descuento personal, de los trabajadores”.

Recordó también, que en el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo a principios de junio, “un artículo donde se refería a la posibilidad que el PEP firmara convenios”. En este punto, evaluó que “estábamos quitándole autarquía a la obra social”.

Martínez Allende agregó que la Ley sancionada, también crea un consejo consultivo el que estará integrado por trabajadores, “a los efectos de garantizar la representación paritaria”. Será el Ejecutivo quién establezca los plazos, conformación, misiones y funciones. “Hemos incluido a todos los gremios relacionados con el Estado fueguino. 

“Se está cumpliendo el compromiso que había asumido el Gobernador y todos los Legisladores, de tomar en cuenta el reclamo que hace el sector gremial que no se le descontara a los trabajadores”. En este sentido informó que hoy ingresaron una nota “para ver la posibilidad de incorporar a los planes para que realicen los debidos aportes”, cuestión que deberá definir cada institución, cerró.