El gobierno nacional prorrogó a través de un decreto la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2022. Había sido declarada originalmente el 12 de marzo de 2020 como una forma de “dotar al Estado de las herramientas necesarias, adecuadas, eficaces y transparentes para combatir la pandemia de coronavirus”.

La normativa designa al Ministerio de Salud como “autoridad de aplicación” y le permite “disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario”.

En ese sentido, la cartera que conduce Carla Vizzotti podrá dictar las normas que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento del reciente decreto y podrá modificar plazos y establecer las excepciones que estime convenientes, con la finalidad de mitigar el impacto de la epidemia y adaptar la normativa a la dinámica de la misma”.

Por ejemplo, podrá “establecer nuevas medidas, o modificar las vigentes, para cada definición de casos (sospechosos, confirmados, contactos estrechos), así como las acciones preventivas, las medidas de aislamiento obligatorio y/o sus excepciones, y las recomendaciones sanitarias para cada supuesto, por los plazos que en el futuro se determinen, según la evolución epidemiológica y el avance de la campaña de vacunación”.

En su artículo 7, el decreto detalla cuáles son consideradas las actividades de mayor riesgo epidemiológico. Entre ellas se destacan los viajes grupales de egresados y jubilados, las discotecas, las actividades en salones de fiesta y los eventos masivos de más de mil personas, ya sean en espacios abiertos o cerrados.