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title: "El Gobierno recurrió a la Corte Suprema para frenar la Ley de Financiamiento Universitario y pidió apartar a los jueces"
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description: "El Ejecutivo nacional presentó un recurso extraordinario contra el fallo judicial que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Además, advirtió un “riesgo de parálisis del Estado” y solicitó que los jueces de la Corte Suprema se excusen de intervenir en la causa."
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date_published: "2026-04-17T20:53:00-03:00"
date_modified: "2026-04-17T20:58:10-03:00"
tags:
  - "Corte Suprema"
  - "Gobierno Nacional"
  - "Universidades"
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# El Gobierno recurrió a la Corte Suprema para frenar la Ley de Financiamiento Universitario y pidió apartar a los jueces

![docentes universitarios](/download/multimedia.normal.a2ba973c193dd871.MjAyNDA5MTUwMzQ3MjRfODcxNDE5X3VuaXZlcnNpZGFfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

El Gobierno nacional decidió llevar a la **Corte Suprema de Justicia de la Nación** su reclamo para evitar el cumplimiento de la [Ley de Financiamiento Universitario](/contenido/97106/paro-docentes-universitarios-abril-mayo-argentina)**(Ley 27.795)**, que ordena la actualización de salarios docentes y programas de becas.

A través de un recurso extraordinario federal, el Ejecutivo busca que se revoque la medida cautelar que lo obliga a aplicar la norma aprobada por el Congreso, en un expediente que ya tuvo fallos en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativa Federal.

En su presentación, el Gobierno argumentó que el cumplimiento de la ley generaría un **“riesgo de parálisis del Estado”**, debido al impacto presupuestario que implicaría, y sostuvo que se verían afectados servicios esenciales del funcionamiento estatal.

El escrito, firmado por el Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro Sebastián Amerio, también plantea que el fallo judicial implicaría una **“intromisión en la división de poderes”** y una afectación al equilibrio fiscal.

Según los cálculos oficiales, la aplicación inmediata de la norma requeriría reasignar más del 90% de los recursos disponibles para gastos primarios, lo que —según el Gobierno— comprometería áreas sensibles como seguridad, justicia y servicios públicos.

Además, el Ejecutivo cuestionó la actuación de los magistrados intervinientes y pidió a la Corte Suprema que los jueces **Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti** se excusen de intervenir en la causa, al señalar que tienen vínculo con la actividad universitaria.

El proceso judicial se originó tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de universidades, que solicitaron la aplicación inmediata de la ley y la actualización de fondos.

En las instancias previas, la Justicia dio lugar a las medidas cautelares, ordenando al Estado nacional cumplir con lo establecido en la norma, decisión que ahora el Gobierno busca revertir en la Corte Suprema.

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