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title: "La intervención del Puerto de Ushuaia suma otra denuncia penal por presunto abuso de autoridad"
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description: "La Fiscalía de Estado amplió la denuncia penal contra la intervención federal del Puerto de Ushuaia por impedir cuatro inspecciones ambientales provinciales."
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  - "Denuncia penal"
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category_description: "Noticias judiciales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin: causas, fallos, investigaciones, audiencias y los principales casos que marcan la agenda judicial fueguina."
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# La intervención del Puerto de Ushuaia suma otra denuncia penal por presunto abuso de autoridad

![Puerto Ushuaia1](/download/multimedia.normal.a733748fb2ae9ee8.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

La intervención federal del [Puerto de Ushuaia](/contenido/104336/el-silencio-de-walter-vuoto-ante-la-intervencion-del-puerto-de-ushuaia-nueve-mes) enfrenta un nuevo frente judicial. La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego amplió una denuncia penal contra funcionarios nacionales por presuntamente impedir de manera reiterada el ingreso de inspectores ambientales provinciales al establecimiento portuario. La investigación busca determinar si las restricciones constituyeron delitos contra la administración pública y quiénes fueron los responsables de impartir y ejecutar las órdenes.

Las actuaciones tramitan ante el Juzgado de Instrucción a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo y alcanzan al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), **Iñaki Miguel Arreseygor**, además de otros funcionarios y agentes que habrían intervenido en las decisiones cuestionadas.

Según fuentes judiciales consultadas, el tribunal estaría avanzando con citaciones a funcionarios vinculados con la intervención federal para reconstruir los hechos y establecer las eventuales responsabilidades penales.

La presentación fue impulsada por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien puso en conocimiento de la Justicia los obstáculos que habría enfrentado el personal de la Secretaría de Ambiente provincial al intentar realizar tareas de fiscalización dentro del puerto.

De acuerdo con la denuncia, los episodios ocurrieron el 25 de agosto, el 1 y el 17 de septiembre y el 19 de octubre de 2026. En esas cuatro oportunidades, las comitivas provinciales se presentaron para realizar inspecciones previamente comunicadas, pero no pudieron ingresar y debieron retirarse sin completar los controles.

Las tareas tenían como objetivo verificar las condiciones de almacenamiento, manipulación, transporte y disposición final de residuos peligrosos, además de inspeccionar instalaciones, puntos de descarga y posibles afectaciones a los recursos hídricos.

Sin embargo, las autoridades de la intervención federal habrían condicionado el acceso a autorizaciones y exigencias administrativas establecidas por la ANPYN. Para la Fiscalía de Estado, esas restricciones desconocieron las facultades de fiscalización que la legislación reconoce a la Secretaría de Ambiente de la Provincia.

La denuncia plantea la posible comisión de distintos delitos contemplados en el Código Penal, entre ellos **abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia**. También se analiza la eventual configuración de conductas vinculadas con el impedimento u obstaculización de actos funcionales.

La determinación de las figuras penales aplicables dependerá de las pruebas que se incorporen al expediente y de las circunstancias que puedan acreditarse durante la investigación. En particular, la Fiscalía busca establecer si las autoridades nacionales impartieron o ejecutaron instrucciones contrarias al marco legal vigente o si omitieron deliberadamente obligaciones propias de sus cargos.

Al ampliar el requerimiento de instrucción, la querella incorporó específicamente el episodio del 19 de octubre, cuando una nueva comitiva provincial no pudo ingresar al establecimiento pese a haber comunicado previamente la realización de la inspección. De esta manera, la investigación comprende cuatro episodios y apunta a determinar si existió una conducta reiterada de obstrucción de las competencias ambientales provinciales.

Uno de los puntos centrales de la causa será establecer si los agentes que impidieron el ingreso actuaron por decisión propia o si cumplieron instrucciones impartidas por autoridades superiores de la intervención federal.

Para avanzar en esa dirección, la Fiscalía de Estado, que interviene como parte querellante, solicitó que la ANPYN entregue la totalidad de las órdenes, comunicaciones internas, protocolos de seguridad, libros de guardia y registros de acceso correspondientes a las jornadas investigadas.

También pidió identificar a los responsables de la conducción operativa del puerto y obtener información sobre **Iñaki Miguel Arreseygor, Cristian Rigueiro y Ariel Romeo Cherubini**, vinculados con las comunicaciones mediante las cuales se habría condicionado el ingreso de los inspectores.

En las actuaciones también aparecen individualizados Julio Fernández, Elvio Julio Romero y Federico Ezequiel Ovando, quienes habrían participado directamente en distintos episodios de restricción de acceso.

La querella solicitó, además, que declaren funcionarias y agentes provinciales que integraron las comitivas de inspección. El objetivo es precisar qué explicaciones recibieron al intentar ingresar y determinar si el personal de seguridad manifestó estar cumpliendo instrucciones de sus superiores.

Otro antecedente relevante incorporado a la controversia es que los inspectores provinciales finalmente lograron ingresar al establecimiento mediante una orden judicial de registro, ejecutada con el auxilio de la fuerza pública. **Fue necesaria una intervención de la Justicia para que la Provincia pudiera realizar las tareas de fiscalización ambiental que había intentado llevar adelante en reiteradas oportunidades.**

Para la Fiscalía de Estado, ese ingreso posterior no elimina las posibles responsabilidades penales derivadas de los impedimentos anteriores, por lo que reclamó que la investigación continúe.

Así, la intervención federal del Puerto de Ushuaia suma un nuevo capítulo judicial. La controversia ya no se limita a una discusión administrativa sobre las condiciones de acceso al establecimiento, sino que busca establecer si funcionarios nacionales utilizaron sus atribuciones para impedir el ejercicio de competencias ambientales reconocidas legalmente a Tierra del Fuego.

Mientras avanzan las actuaciones bajo la órbita de la jueza María Cristina Barrionuevo, **la investigación apunta a determinar quiénes ordenaron restringir el ingreso, quiénes ejecutaron esas decisiones y si las conductas denunciadas configuran delitos contra la administración pública**.

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