--- canonical_url: "https://19640noticias.com/contenido/104624/justicia-rio-grande-prohibe-pesca-empresas-espanolas-aguas-malvinas" title: "Malvinas: la Justicia prohíbe pescar a doce empresas españolas" article_type: "Article" description: "La Justicia Federal de Río Grande prohibió pescar sin autorización argentina a doce empresas españolas y estructuras hispano-isleñas en aguas de Malvinas y el Atlántico Sur." main_image: "https://19640noticias.com/download/multimedia.grande.875a0a524f1428f4.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-11-10T06:28:00-03:00" date_modified: "2026-11-10T06:29:27-03:00" tags: - "Buques españoles" - "Islas Malvinas" - "Juzgado Federal" - "Mariel Borruto" - "Pesca" author_name: "19640 Noticias" author_url: "https://19640noticias.com/usuario/10/19640-noticias" category_name: "MALVINAS" category_url: "https://19640noticias.com/categoria/16/malvinas" category_description: "Últimas noticias sobre las Islas Malvinas: reclamo de soberanía, homenajes a veteranos, actualidad política, historia y novedades desde Tierra del Fuego y Argentina." --- # Malvinas: la Justicia prohíbe pescar a doce empresas españolas ![Buque español- Malvinas](/download/multimedia.normal.984a73993643e5e2.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La [Justicia Federal de Río Grande](/contenido/102848/la-justicia-federal-de-rio-grande-ordeno-frenar-el-proyecto-petrolero-sea-lion-e) dictó una medida cautelar que marca un nuevo capítulo en la disputa por los recursos pesqueros del Atlántico Sur. La jueza Mariel Borruto ordenó a doce empresas españolas y a estructuras vinculadas con intereses hispano-isleños abstenerse de realizar actividades pesqueras sin autorización argentina en el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas circundantes a las Islas Malvinas hasta las 200 millas. La resolución, fechada el 6 de noviembre de 2026, también establece obligaciones de información y preservación documental para las compañías alcanzadas. La decisión judicial corresponde al expediente FCR 16446/2026 y fue informada por la Fundación Agustina Lerena mediante un comunicado difundido el 7 de noviembre. La resolución establece que las empresas extranjeras demandadas deberán abstenerse de realizar actividades pesqueras sin la correspondiente habilitación argentina, tanto en aguas bajo jurisdicción nacional como en los espacios marítimos que rodean a las Islas Malvinas. La prohibición no se limita a la captura de especies marinas. También comprende el procesamiento de productos a bordo, los transbordos y las descargas, además de nuevas temporadas de pesca, mareas e incorporación de embarcaciones. La restricción alcanza las operaciones realizadas directamente por las sociedades involucradas y aquellas efectuadas mediante buques propios, fletados o bajo su administración. En cuanto a las compañías nacionales investigadas, la magistrada resolvió no hacer lugar, por el momento, a las medidas cautelares solicitadas. Sin embargo, requirió información sobre sus permisos de pesca, cuotas de captura, declaraciones juradas y antecedentes administrativos. Su situación continuará bajo análisis durante el desarrollo del proceso judicial. Este aspecto adquiere especial relevancia a partir de lo establecido por el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922, que fija condiciones para acceder a cuotas y autorizaciones de captura. Entre ellas, contempla la prohibición de determinadas vinculaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores de buques que operen en aguas argentinas sin los permisos correspondientes. A su vez, el artículo 28 de la misma legislación establece que, ante la comprobación de infracciones a esas disposiciones, puede producirse la caducidad automática de los permisos, cuotas y autorizaciones involucrados. La determinación de eventuales incumplimientos y las decisiones administrativas correspondientes quedan en manos de las autoridades competentes y del Consejo Federal Pesquero. Otro punto central de la resolución es el requerimiento de información impuesto a las empresas extranjeras. Las compañías deberán presentar, dentro de los diez días judiciales posteriores a su notificación, declaraciones juradas respaldadas por documentación que permita reconstruir sus actividades pesqueras y comerciales. Entre los datos solicitados figuran la identificación de los buques, sus matrículas y pabellones, las licencias utilizadas, los volúmenes de captura por especie y temporada, los registros de seguimiento satelital, la intervención de observadores, los puertos de operación, los transbordos y los destinos comerciales de las capturas. También deberán informar sobre sus participaciones societarias, contratos, operaciones previstas, estudios científicos y coberturas ambientales. La jueza ordenó, además, conservar toda la documentación técnica, comercial y societaria relacionada con las actividades investigadas. Las empresas no podrán alterar, destruir u ocultar registros que puedan resultar relevantes para el expediente. Según lo dispuesto, la falta de respuesta o las negativas sin respaldo documental podrán ser valoradas judicialmente en contra de las demandadas. La nómina difundida por la Fundación Agustina Lerena incluye a doce compañías españolas: Armadora Nores/Pesquerías Nores Marín, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar/Pesquerías Marinenses, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro/Pesca Baqueiro, Rampesca/Grupo Lanzal y WOFCO. La presentación también identifica estructuras empresariales hispano-isleñas vinculadas con Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, Red Back Consultants, Seaview y Southern Cross. Entre los vehículos societarios mencionados aparecen Orion Fishing, Jupiter Fishing, South Atlantic Squid, Petrel Fishing, Beagle Fishing, Kalamar, Castelo Fishing, Polar Seafish y Golden Touza. El fundamento ambiental de la medida se relaciona con informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) sobre poblaciones migratorias y recursos pesqueros compartidos. Entre las especies consideradas se encuentran los calamares illex y loligo, la merluza común y la merluza de cola. De acuerdo con los fundamentos difundidos por la entidad demandante, la explotación de estos recursos puede afectar los esfuerzos argentinos de conservación y administración de las poblaciones marinas. Por ese motivo, la resolución incorpora los principios de prevención y precaución ambiental, contemplados en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente 25.675. La causa se inició el 9 de octubre de 2026, a partir de una demanda impulsada por la fundación presidida por César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado Eduardo Salvador Barcesat. La presentación reclama la recomposición del daño ambiental y una reparación económica por las capturas que atribuye a las empresas demandadas entre 1989 y 2025. Según los cálculos presentados por la parte actora, durante ese período se habrían extraído 4.101.131 toneladas de recursos pesqueros. La estimación económica asciende a aproximadamente 12.351 millones de dólares a valores FOB y 26.465 millones de dólares a precios mayoristas. Estas cifras forman parte del reclamo y permanecen sujetas a la producción de pruebas y a la determinación judicial del eventual daño. La cautelar tendrá vigencia hasta que las empresas obtengan la correspondiente autorización argentina o hasta que el tribunal resuelva modificarla o dejarla sin efecto. Su ejecución respecto de las sociedades extranjeras dependerá de las notificaciones y de los mecanismos jurídicos aplicables. La resolución representa un nuevo avance judicial en torno al control de los recursos pesqueros del Atlántico Sur y vuelve a poner en primer plano la soberanía argentina sobre los espacios marítimos y la administración de los recursos naturales vinculados a las Islas Malvinas. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.