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title: "Malvinas: Javier Milei cedió ante los reclamos de Estados Unidos y modificó su proyecto de soberanía"
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description: "Milei consiguió dictamen para la ley de Defensa de la Soberanía Nacional tras modificar sanciones por Malvinas e incorporar controles parlamentarios."
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  - "Cámara de Diputados"
  - "Cuestión Malvinas"
  - "Estados Unidos"
  - "Javier Milei"
  - "Proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional"
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category_description: "Últimas noticias sobre las Islas Malvinas: reclamo de soberanía, homenajes a veteranos, actualidad política, historia y novedades desde Tierra del Fuego y Argentina."
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# Malvinas: Javier Milei cedió ante los reclamos de Estados Unidos y modificó su proyecto de soberanía

![donald Trump/ Milei](/download/multimedia.normal.8f4b8c93027373fd.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

El Gobierno de Javier Milei logró avanzar en la Cámara de Diputados con el[proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional](/contenido/103656/proponen-marcha-malvinas-sesiones-diputados), luego de dos semanas de negociaciones y modificaciones al texto original. Según la información publicada, los cambios se produjeron en medio de cuestionamientos y planteos atribuidos a Estados Unidos, además de pedidos de legisladores aliados para limitar algunas facultades del Poder Ejecutivo y precisar el alcance de las sanciones. El oficialismo consiguió 60 firmas para el dictamen, con respaldo del PRO, la UCR y sectores provincialistas, y busca llevar la iniciativa al recinto el próximo 12 de noviembre.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo bajo el nombre de Defensa de la Soberanía Nacional, contempla sanciones para las actividades de exploración y explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las inmediaciones de las islas Malvinas, además de medidas vinculadas con la seguridad nacional.

Para reunir los apoyos necesarios, La Libertad Avanza aceptó modificaciones que reducen el alcance de algunas disposiciones previstas inicialmente. Entre los principales cambios, se delimitó la aplicación de sanciones a extranjeros a los espacios circundantes a Malvinas, en lugar de extenderlas a todos los espacios marítimos e insulares contemplados en la primera versión.

También se restringieron las actividades alcanzadas por determinadas sanciones, que pasarían a centrarse en la provisión de bienes o servicios esenciales, en lugar de abarcar todas las operaciones económicas.

El texto incorporó, además, una excepción para las participaciones accionarias minoritarias de hasta el 2% y redujo algunas penas de prisión inicialmente previstas, aunque mantiene las sanciones más severas para las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos.

Uno de los principales reclamos de los bloques aliados fue ampliar la participación del Congreso en la aplicación de la futura normativa.

A partir de esas negociaciones, el proyecto incorporó la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El organismo deberá recibir información sobre las medidas adoptadas dentro de las 48 horas.

La modificación apunta a incorporar un mecanismo de seguimiento parlamentario sobre las decisiones que se tomen en el marco de la ley.

Por otra parte, el texto establece límites expresos a la intervención del Consejo de Seguridad Nacional en cuestiones internas, aunque mantiene entre sus atribuciones la elaboración de la política de Seguridad Nacional.

Según la información difundida, también se prevé eliminar referencias a las campañas de desinformación masiva y revisar futuras menciones a la injerencia extranjera, ante las objeciones relacionadas con sus posibles efectos sobre los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales.

El dictamen fue alcanzado durante el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados.

La propuesta reunió 60 firmas, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, representantes provincialistas de Argentina Federal y parte del bloque de Provincias Unidas.

Algunos sectores aliados, sin embargo, presentaron iniciativas alternativas para abordar aspectos específicos de la soberanía y las sanciones económicas.

Las negociaciones para cerrar el texto se extendieron durante varios días. Según la información publicada, la diputada Silvana Giudici tuvo un papel relevante en la articulación de los acuerdos y en la formulación final de la iniciativa.

Con el dictamen obtenido, el oficialismo busca llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre, aunque su aprobación dependerá del desarrollo del debate parlamentario.

El proyecto establece un régimen de sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales sin autorización argentina en territorios bajo soberanía nacional.

Entre los principales puntos previstos se encuentran:

- Multas económicas vinculadas al precio del barril de petróleo.
- Inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para determinadas actividades.
- Penas de prisión de hasta 20 años en los casos más graves vinculados con la explotación no autorizada de recursos naturales.
- Excepciones para participaciones accionarias pasivas de hasta el 2%, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto.
- Penas de hasta 12 años de prisión para personas vinculadas con organizaciones o Estados extranjeros en situaciones definidas como actos de violencia o campañas de injerencia.

El texto también contempla la regulación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además, incorpora disposiciones sobre la participación de asesores extranjeros en campañas electorales y establece mecanismos de revisión para determinadas inversiones extranjeras en sectores estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería e infraestructura crítica.

El proyecto también recibió cuestionamientos de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, que plantearon objeciones a distintos aspectos de la propuesta.

El presidente del bloque peronista, Germán Martínez, criticó la negociación política que permitió avanzar con el dictamen y cuestionó las motivaciones atribuidas al oficialismo.

“Podríamos estar aprobando el proyecto por unanimidad, pero un capricho de un pendejo genera estas cosas: para que le vaya a vender a no sé qué amigo a los EEUU le genera un problema al Congreso argentino”, afirmó.

Desde el peronismo también se presentó una propuesta alternativa centrada en las sanciones a las actividades económicas y en la continuidad de la política de reclamo argentino ante los organismos multilaterales.

De esta manera, el debate legislativo quedó atravesado tanto por las herramientas para proteger los recursos naturales como por las atribuciones que tendría el Poder Ejecutivo y los mecanismos de control parlamentario.

Con las modificaciones incorporadas, el Gobierno busca consolidar los apoyos necesarios para avanzar con una iniciativa que combina defensa de los recursos estratégicos, sanciones económicas y medidas de seguridad nacional.

Las negociaciones dejaron en evidencia diferencias entre el texto original y la versión acordada con sectores aliados, especialmente en el alcance territorial de las sanciones, las facultades del Ejecutivo y los controles legislativos.

Mientras el oficialismo intenta llevar el proyecto al recinto, la discusión continuará centrada en cómo compatibilizar la protección de los intereses argentinos en torno a Malvinas con las garantías institucionales y los límites al ejercicio del poder estatal.

El dictamen representa un avance parlamentario, pero no equivale a la aprobación definitiva de la ley.

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